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La burbuja del alquiler no tiene fácil solución

El Gobierno de Canarias debe garantizar el acceso a la vivienda pero tampoco puede vetar una actividad legal

Jueves, 1 de enero 1970

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Es difícil la papeleta que tiene el Gobierno de Canarias para resolver el problema que atraviesa el mercado de la vivienda de alquiler de las islas. Se estima que hay más de 20.000 personas en todo el archipiélago -sobre todo en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura- que no encuentran un piso. La problemática es doble: por un lado, la oferta de viviendas es muy reducida, por no decir inexistente y por otro, los pocos pisos que hay son prohibitivos.

Son varias las razones que están detrás de un fenómeno que ha cobrado especial protagonismo en el último año y que ha generado una auténtica burbuja en el mercado del alquiler y con con efectos en el de la venta (los precios están subiendo con fuerza).

La fiebre del alquiler vacacional es una de estas razones. Bajo la premisa de que es un negocio redondo miles de propietarios en todas las islas se han subido al carro y han puesto su casa en la modalidad vacacional -muchos de forma ilegal-. A este boom ha contribuido mucho que Hacienda permita materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en el alquiler vacacional. Este incentivo unido a que hoy la rentabilidad de los depósitos bancarios sea similar a cero, aunque estemos hablando de millones de euros de ahorro, ha llevado a los inversores a entrar de lleno en un negocio que a alguno les esté generando altos beneficios.

Hay propietarios que, según la zona, están sacando el doble de renta con el vacacional que con el arrendamiento residencial. Y esto no es ilícito: todos queremos ganar el máximo de lo nuestro.

Es aquí precisamente donde lo tiene complicado el Gobierno de Canarias porque debe aunar los intereses de las dos partes. Por un lado, no puede permitir que haya gente sin acceso a una vivienda -un derecho fundamental recogido en la Constitución Española-. Su obligación, como administración, es garantizarla; pero por otro lado, tampoco puede prohibir que cada ciudadano explote como quiera sus bienes, siempre dentro de la legalidad. Igual la clave está en mejorar salarios para que los residentes puedan acceder a estos alquileres.

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