El 155 llega cargado de legitimidad

En un Estado democrático y derecho, y España lo es, el incumplimiento reiterado e intencionado de las leyes no puede salir gratis. Por muy graves que sean las consecuencias que fija precisamente la legislación vigente, pero si existe esa gravedad es porque la severidad corre en paralelo al daño hecho por quienes entran en el terreno del ilícito. Así, cuando una autonomía contraviene las reglas del juego constitucional, dinamita la convivencia y, por si fuera poco, no responde a los requerimientos para volver a la senda de la legalidad -y del sentido común-, no cabe otra respuesta que activar los mecanismos previstos en la arquitectura de eso que llamamos Estado de derecho.

Eso es lo que sucedió ayer, pero no porque de repente el Senado o el Gobierno de Mariano Rajoy se levantasen con ánimo de reventar el Estado de las autonomías, sino porque el Gobierno de Cataluña es quien provocó esa explosión. Y junto a Puigdemont y su gabinete, también un Parlamento que, en el colmo de los desatinos, ni siquiera hace caso a sus letrados cuando advierten de que no cabe en el ordenamiento someter a votación propuestas amparadas en una ley ilegal y anulada por el Tribunal Constitucional.

Hubo un tiempo para debatir si al Partido Popular le había faltado cintura en todo este proceso o si el soberanismo tenía una hoja de ruta que no atendía a ese diálogo que tanto reclamaban pero que tan poco trasladaban a la realidad. Esa discusión ayer ya era baladí. Toda posibilidad de consenso quedó cortocircuitada por un Carles Puigdemont que todavía no sabemos si, rehén de los antisistema, o sencillamente víctima de su irresponsabilidad y evidente falta de altura para el cargo, tuvo la desfachatez de jugar a la ambigüedad en sus respuestas a los requerimientos. Desfachatez que se suma a la falta de valentía, pues ayer evitó participar en el debate parlamentario y sí lo hizo en una votación secreta en la que él y los restantes comparsas del independentismo, tan preocupados por aparecer retratados ante la historia, no quieren hacer lo propio ante los tribunales. Una votación cuyos efectos prácticos son sembrar la discordia dentro y fuera de Cataluña, dañar la imagen de España y confirmar que quienes participaron en este golpe al Estado democrático no son dignos de llamarse representantes de Cataluña.

El 155 llega, por tanto, cargado de la legitimidad constitucional. De esa Constitución que no es inamovible pero que, en todo, se modifica siguiendo los cauces que marca la propia Carta Magna, y no a base de motines liderados por un president tan poco honorable como Puigdemont.

28.10.17

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