La UCO rastrea las cuentas de la empresa del fiasco del Royal en Armenia, Argelia y Panamá
El juez del Supremo ordena investigar medio millar de depósitos bancarios en 35 entidades financieras
Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo accionista mayoritario es José Ruz, dejó colgada a la Agencia Tributaria Canaria con la obra para reconvertir el antiguo cine Royal en la capital grancanaria a medio terminar. LIC presentó concurso de acreedores pero ahora se sigue el rastro de sus negocios en varios países, en concreto en Armenia, Argelia y Panamá, países en los que aparece con contratos millonarios.
José Ruz es uno de los empresarios investigados en el caso Koldo. En Canarias, LIC se llevó en 2022 la licitación de 6,5 millones de euros para convertir los antiguos multicines en sede de la Agencia Tributaria Canaria. Tras dejar a medias los trabajos, la Agencia Tributaria ha tenido que resolver el contrato y el edificio sigue cerrado.
Según la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, José Ruz tuvo durante meses a sueldo a Koldo García, entonces asesor de José Luis Abalos cuando este fue ministro. Parte del dinero que recibía Koldo acababa en manos de Ábalos.
Los investigadores policiales del 'caso Cerdán' tienen autorización del juez del Tribunal Supremo desde el pasado 20 de junio para analizar cerca de medio millar de depósitos bancarios en 35 entidades financieras. Los integrantes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil buscan nuevos indicios sobre el presunto pago de 'mordidas' por el amaño de contratos de obra pública licitados por el Ministerio de Transportes bajo la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021).
En concreto, los agentes dirigidos por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica desde 2020, y tutelados por el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón -el mismo que abrió la puerta el pasado lunes para que el exdirigente socialista Santos Cerdán acabara en prisión incondicional por riesgo de destrucción de pruebas-, rastrean en este denso análisis contable cualquier vinculación entre los presuntos corruptores de la causa y los receptores de estos «pagos de facilitación».
Es decir, el nexo entre los cinco empresarios investigados y sus mercantiles dedicadas a las actividades de construcción -Fernando Merino (exdelegado de Acciona en Navarra y el País Vasco), sus cuñados Antonio y Daniel Fernández (OPR), José Ruz (Levantina) y Antxon Alonso (Servinabar)- y el denominado «triángulo tóxico» desde Ferraz: Ábalos, el que fuera su asesor ministerial Koldo García y el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán hasta hace solo tres semanas, cuando presentó su dimisión tras el demoledor informe de la UCO que le situó en la cúspide la trama como el «gestor» de las presuntas 'mordidas'.
En su auto, el instructor Leopoldo Puente accedió a la totalidad de las diligencias pedidas por los agentes. Esto es, información relativa a las cuentas y productos financieros asignados a los 491 depósitos señalados, la identidad de los titulares y personas autorizadas y el estado en el que se encuentren dichos productos. También la identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso.
De interés para la investigación también son cualquier dato sospechoso de blanqueo de capitales y se acota la supervisión de aquellos movimientos realizados en dichas cuentas, saldo, ingresos y pagos, desde enero de 2014 (un año antes del origen de la trama en Navarra, según sostiene el juez) hasta la actualidad. Con especial atención al cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo por importe superior a 300 euros.
De las 35 entidades a las que se ha pedido información, una docena tienen sucursal en España aunque su origen es extranjero, caso de Credite Agricole (Francia), HSBC (Reino Unido), Pichincha (Ecuador) o Commerzbank (Alemania). Un extremo que abre la puerta a que, tras una primera criba de la UCO a los documentos bancarios que les remitan, el juez instructor dicte a futuro comisiones rogatorias para seguir el rastro del dinero de las presuntas 'mordidas' en terceros países.
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