Sánchez escucha a Cs y PNV y prepara un plan B jurídico sin estado de alarma

Tras semanas de negar su viabilidad, Pedro Sánchez estudia alternativas a la implantación del estado de alarma para afrontar eventuales rebrotes de la Covid-19. No sería inmediato, porque el objetivo ahora es aprobar la quinta prórroga del confinamiento hasta finales de junio, pero después buscará un amplio consenso parlamentario para reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011 que permitirían restringir la libertad de movimientos de los ciudadanos en las áreas en que se detecten escaladas de contagios.

RAMÓN GORRIARÁN y MADRID

El plan B jurídico sin estado de alarma es una de las demandas que tanto Ciudadanos como el PNV han puesto sobre la mesa para apoyar la prórroga de las restricciones de libertades hasta el final de la desescalada. Pero no solo ellos, también Pablo Casado defiende esta alternativa que hasta ahora había sido desestimada por el presidente del Gobierno, aferrado al estado de alarma como única herramienta jurídica y constitucional para combatir la pandemia. La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha sondeado la disponibilidad de los grupos parlamentarios, incluido el PP, para encarar este cambio normativo.

Acuerdo amplio

«Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano, y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución (el que regula el estado de alarma)», anunció la número dos del Ejecutivo el miércoles en el Senado. El cambio exige un acuerdo amplio porque al ser normativa orgánica su reforma exige el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y el Senado. Para contar con esta herramienta legal a corto plazo, el trámite parlamentario debería ser por la vía de urgencia para su aprobación en dos o tres semanas.

El nuevo marco jurídico implicaría la desaparición del mando único estatal para gestionar los posibles rebrotes de la pandemia y las comunidades autónomas serían las responsables de la adopción de medidas. El Gobierno central, en cambio, retendría el control de los instrumentos económicos y sociales (líneas de crédito, subsidios, medidas fiscales) para hacer frente a las secuelas de la crisis sanitaria.

Ciudadanos y el PNV plantearon este escenario en las negociaciones para apoyar la semana pasada la prórroga vigente del estado de alarma, y Sánchez ha atendido sus reclamaciones a fin de amarrar su colaboración para la nueva ampliación de las restricciones. En ese debate, el presidente del Gobierno tuvo que escuchar las críticas de casi todos los portavoces, aliados y de la oposición, a la excesiva prolongación del estado de alarma.

Estudia reformar las leyes de salud pública para restringir la libertad de movimientos solo en zonas afectadas por los rebrotes

Pero Sánchez no solo busca la complicidad de liberales y nacionalistas, también persigue un cambio de Esquerra Republicana. Las delegaciones socialista y republicana que negociaron la investidura han vuelto a dialogar, tras meses de comunicación bajo mínimos. «Ellos saben lo que queremos, y se han comprometido a estudiarlo. Es un cambio», apuntó este jueves el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.

La formación independentista tiene una amplia lista de demandas, pero sobre todo quiere que se retome la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, congelada por la pandemia. Necesita anotarse ese tanto para robustecer sus expectativas electorales en Cataluña. Sánchez precisa, además de que los republicanos abandonen su postura beligerante hacia de estado de alarma, su colaboración para los Presupuestos de 2021. Un ‘quid pro quo’ que parece factible.