Sánchez confía en que la «empatía» contra el «acoso» de la derecha catapulte al PSOE en 2027

Apenas una semana después del congreso federal en el que el PSOE exhibió un cierre de filas casi absoluto en torno a su figura, Sánchez se mostró seguro de haber sido capaz de construir un «vínculo sólido» entre militancia, partido y Gobierno que «muy pocas veces» se ha producido y de poder extrapolarlo ahora al conjunto del electorado progresista. «En 2027, el PSOE va a recuperar poder municipal, territorial y va a ganar las elecciones generales», auguró.

Su tesis es que no solo existe una sintonía de una parte de la ciudadanía con el «proyecto» que encarna su Ejecutivo sino que, según defendió en una conversación informal con periodistas, el «acoso político, mediático y judicial« que viene denunciando desde que el pasado abril el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra su esposa, a raíz de una querella del pseudo sindicato de extrema derecha Manos Limpias, ha logrado desatar ya una ola de »empatía« que tendrá su reflejo en los próximos comicios. »El acoso se volverá contra los acosadores«, dijo.

Esa creencia explica en cierto modo su apuesta por Óscar López, su exjefe de gabinete en la Moncloa y hoy ministro de Transición Digital, como próximo líder del PSOE de Madrid y contrincante de Isabel Díaz Ayuso en las urnas. Frente a la satisfacción del PP de Madrid por poder confrontar con alguien tan identificado con el propio presidente, Sánchez presumió de ser un «activo» para la «marca PSOE». Recordó, de hecho que, pese a que en 2023 se le hizo desde algunos ámbitos responsable de la pérdida de poder territorial que sufrió su formación, dos meses después, en las generales logró sumar un millón de votantes.

A poca distancia de donde se encontraba el presidente, departiendo con la prensa, se encontraba la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que no saludó; también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el presidente del PP dio un protocolario apretón de manos o el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que prevé tener admitidas a trámite para antes de que acabe el año tanto los recursos de inconstitucionalidad presentados por varias autonomías contra la ley de amnistía como la cuestión planteada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Muchos actores de un momento explosivo en los pocos metros cuadrados del Salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja, a la que, un año más, no asistieron los representantes de las fuerzas nacionalistas e independentistas.

De todos los frentes que el Gobierno tiene abiertos, en todo caso, los que más horas de sueño han quitado a los socialistas en los últimos meses son, en el plano estrictamente político, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación Sánchez situó «a principios del año» próximo (es decir, con tres meses de retraso respecto a lo que marca la Constitución) y, en el judicial, el 'caso Koldo' por el daño reputacional que pueda hacer, pese a su rápida separación del partido el pasado febrero, la investigación abierta al exministro Ábalos.

Los socialistas son optimistas con la posibilidad de aprobar las Cuentas de 2025 después de haber salvado hace apenas tres semanas la importante 'bola de partido' que supuso la votación de la reforma fiscal, pero tanto Sánchez como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitieron que el acuerdo no está aún amarrado. Ni siquiera lo está el de la senda de estabilidad presupuestaria, paso previo. Y Junts presiona con el cumplimiento del pacto sellado en enero para delegar a Cataluña la competencia «integral» sobre inmigración.

En cuanto a Ábalos y a las acusaciones vertidas por el empresario de la trama, Víctor de Aldama, jefe del Ejecutivo aseguró no tener miedo. «¿Pruebas, qué pruebas?», llegó a ironizar respecto a los documentos presentados hasta ahora por el hombre al que la Guardia Civil califica en sus informes de «nexo corruptor» para tratar de demostrar sus declaraciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró hoy que, tras analizar los contratos de obras públicas por los que, según Aldama , el exsecretario de Organización socialista recibió comisiones, la acusación no se sostiene. Según apuntó, de los siete contratos señalados, cuatro ni siquiera eran de la época de Ábalos (dos eran previos y otros dos posteriores) y dos más ni siquiera llegaron a licitarse.