La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. / Efe

Presión por el 'caso Pegasus': cuatro diputados soberanistas espiados piden amparo a Batet

Nogueras, Bel, Botran e Iñarritu exigen una investigación porque «el ataque» afecta al conjunto del Congreso, «el pluralismo y la democracia»

MARÍA SANTIAGO Madrid

Crece la presión política para esclarecer quién está detrás del espionaje a 65 representantes del independentismo catalán y vasco. Los cuatro diputados que han sido vigilados a través del programa israelí Pegasus según los expertos de Citizen Lab -Miriam Nogueras (Junts), Ferran Bel (PDeCAT), Albert Botran (CUP) y Jon Iñarritu (EH Bildu)- han remitido una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet para pedirle «amparo» y urgirle a que abra una investigación para tratar de despejar la autoría de «esta intrusión en nuestros dispositivos telefónicos», puestos a su disposición por la Cámara baja. La controversia salta así al Legislativo, donde permanece estancada la constitución de la comisión de secretos oficiales en la que el Gobierno quiere dar cauce a la crisis de confianza abierta con sus socios secesionistas, pero que sigue sin garantías de que vaya a reunirse ante las reticencias del PP a que forme parte ella la coalición liderada por Arnaldo Otegi.

En su escrito, Nogueras, Bel, Botran e Iñarritu intensifican el frente común de los cargos concernidos para que se esclarezca el 'catalangate', el caso de espionaje político «más importante en número de personas afectadas que se han certificado en Europa», constatan a partir del informe elaborado por la agrupación canadiense de especialistas en ciberseguridad. Los cuatro firmantes subrayan la gravedad de las sospechas dado que, en lo que a ellos respecta, se trata de representantes de la voluntad popular «en ejercicio» de sus responsabilidades y apremian a Batet a actuar en una doble dirección: indagando quién es el culpable del espionaje y tomando «las medidas oportunas para que un hecho similar no se vuelva a producir». Los cuatro parlamentarios subrayan que no solo se han vulnerado los «derechos fundamentales» a los que dan cobertura sus cargos institucionales, singularmente «las garantías para poder hacer un trabajo político en libertad». Creen también socavadas sus prerrogativas en lo que se refiere a la libre expresión, la inviolabilidad de sus comunicaciones, la intimidad, la libre formación de la voluntad política y la manifestación de la misma sin cortapisas. Los diputados advierten de que al quedar «gravemente comprometidas y amenazadas» sus facultades lo están también «el pluralismo y la democracia». Y dadas sus «relaciones» con miembros de otros grupos, extienden el «ataque» padecido al conjunto del Congreso.