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El Gobierno ha recibido con poco interés y sin excesiva alarma el anuncio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la activación de su plan para redactar una nueva propuesta de referéndum, inspirada en la ley de claridad canadiense. Su intención sería presentarla al Ejecutivo que corresponda a finales de este mismo año o principios de 2024, tras las próximas generales, pero los socialistas cerraron este miércoles la puerta a su puesta en marcha.
La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, insistió en que la consulta sobre la independencia «no se va a hacer». «Está contra la Constitución, no tiene ningún sustento; cualquier propuesta que se plantee debe seguir fielmente los elementos constitucionales», adujo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también incidió en la misma idea, pero con un tono aún más desdeñoso. «Seguimos en campaña electoral –ironizó– y yo respeto todas las propuestas que puedan hacerse por poco útiles y realistas que me parezcan, pero el Gobierno tiene claro lo que quiere hacer».
En el Ejecutivo defienden que las «arriesgadas» medidas tomadas por Pedro Sánchez en relación a Cataluña –la concesión de indultos parciales a los condenados del ‘procés’, la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación, que, no obstante está siendo sorteada por los tribunales de justicia– han ayudado a desinflamar la situación política . Y sitúan las declaraciones del presidente de la Generalitat en el marco de la competencia interna con Junts per Catalunya.
Los socialistas entienden que las posibilidades de que la situación vuelva a crisparse son, en este momento remotas, y apelan a los datos de la encuesta CEO, el CIS catalán, que sitúa el apoyo a la independencia en un 43%, por encima del 38% de hace un año pero aún muy por debajo del 50% que dice rechazarla.
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Cristian Reino
«Cataluña estuvo en un bucle que le supuso perder una década. Este tipo de propuestas –reiteró ayer Bolaños– no son el futuro de Cataluña. El futuro de Cataluña pasa por crear oportunidades de empleo, por inversiones que crean oportunidades y riqueza. Ninguna propuesta que devuelva a Cataluña a su peor pasado, que fraccione, tensione y cronifique el conflicto va a contar con el apoyo del Gobierno de España, que está en pasar página, en avanzar y en mirar al futuro».
No todos en el PSOE, sin embargo, recibieron el plan de Aragonès con idéntica tranquilidad. El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page –que ve peligrar sus opciones de revalidar en el cargo por una coalición de PP y Vox– pareció tomárselo más en serio y advirtió de que si el Gobierno catalán «vuelve a las andadas», él será el primero en acudir al Tribunal Constitucional. Page se desmarcó además de las «cesiones» de Sánchez al independentismo. Cesiones que achacó al «frentismo que hay en Madrid».
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