Pedro Sánchez charla con nadia Calviño en el Consejo de Ministros. / Efe

Sánchez avisa de que si el fondo del Govern es ilegal lo recurrirá ante los tribunales

El PP denunciará al Ejecutivo catalán por malversación y prevaricación y exige al presidente del Gobierno que impida la argucia

RAMÓN GORRIARÁN MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

Pedro Sánchez se puso de perfil ante el anuncio del Ejecutivo catalán de crear un fondo de diez millones de euros para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. El presidente del Gobierno anunció que la Abogacía del Estado va a estudiar si la medida es legal, y «si no está sujeta a derecho tendremos que recurrir» ante la Fiscalía para que lleve el asunto a los tribunales de justicia.

El Gobierno no está cómodo con el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat por los gastos con fondos públicos para promocionar en diferentes países el proceso independentista. El ministro José Luis Ábalos calificó de «piedras en el camino» del diálogo las fianzas impuestas del órgano fiscalizador por valor de 5,4 millones de euros mientras que la Abogacía del Estado decidió no litigar en la causa. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a su vez, pidió gestos a Sánchez para desactivar el procedimiento durante la reunión que mantuvieron en la Moncloa hace ocho días.

No es de extrañar, por tanto, que el presidente del Gobierno optara hoy por mencionar las generales de la ley en una comparecencia conjunta en Tallin con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas: «Todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Vamos a estudiar la decisión que se ha tomado y si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no, tendremos que recurrirlo. Esto en todo caso está siendo objeto de estudio y no puedo decir nada más».

Horas antes, en Madrid, la ministra portavoz había dicho casi lo mismo. María Jesús Montero señaló que no es competencia del Gobierno determinar si «una determinada conducta es objeto de un menoscabo de fondos públicos, de malversación o de responsabilidad contable». Esa tarea, añadió, corresponde a los tribunales de justicia. El Gobierno, explicó, va a estudiar el decreto de la Generalitat y cuando tenga un criterio formado hará pública su postura.

En la Moncloa creen que el proceso de diálogo abierto con el Gobierno de Aragonès tiene suficiente blindaje para soportar incidentes de recorrido como los del Tribunal de Cuentas. Aunque también es cierto que el Gobierno de Sánchez confiaba en que el presidente catalán optara por una fórmula que no implicara a la Generalitat, que como toda administración no puede destinar fondos públicos para cubrir responsabilidades legales de sus miembros. La vía de la caja de solidaridad auspiciada por las plataformas civiles habría permitido sortear cualquier conflicto jurídico.

«Fonde de reptiles»

El que no ha tenido que hacer ningún análisis jurídico de la fórmula escogida por el Gobierno catalán ha sido Pablo Casado. El líder del PP anunció nada más conocer la noticia que su partido denunciará a la Generalitat por malversación y prevaricación por la creación de un «fondo de reptiles» para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas.

El jefe de la oposición instó asimismo al presidente del Gobierno a que diga «inmediatamente si va a permitir esto, que es una malversación de otra malversación que ya se hizo, y que además era una prevaricación, porque hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas». Exigió a Sánchez que impida «el fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado».

Tras solicitar el «máximo respeto» para el ente fiscalizador, anunció que si el Ejecutivo sigue «avalando la delincuencia», el PP también pedirá la inhabilitación para ejercer un cargo público de los que aprueben ese fondo, es decir todo el Gobierno catalán.

Casado reprochó al presidente del Gobierno que, tras indultar a Oriol Junqueras y al resto de dirigentes condenados por el Supremo, pretenda que los ciudadanos sean los que paguen «el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir». «Es inadmisible», remachó.