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Llegada de los miembros del Govern a su reunión semanal. EFE / EP

Un fondo de 10 millones avalará a los encausados del Tribunal de Cuentas

El Govern aprueba un decreto ad hoc para amparar a los 34 dirigentes independentistas investigados por la acción exterior

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 6 de julio 2021, 12:06

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El Gobierno catalán ha aprobado esta mañana un decreto ley según el cual ha creado un «fondo complementario de riesgos» de 10 millones de euros destinado a avalar a los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas, investigados por presunta malversación en la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017.

El fondo, según el Govern, se pone en marcha para «hacer frente a las obligaciones legales que se reclamen a miembros del gobierno, altos cargos o trabajadores públicos, en un proceso judicial o administrativo, por acciones que hayan llevado a cabo en ejercicio de su cargo o de sus funciones, y que no queden cubiertas por las pólizas de seguros que ya tiene suscritas la Generalitat».

Se trata de una argucia financiera. El fondo lo gestionará el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Consejería de Economía, y según ha asegurado el consejero de Economía, Jaume Giró, será una entidad financiera privada la que avalará las fianzas de un total de 5,4 millones que exige depositar el Tribunal de Cuentas a los 34 exaltos cargos del Govern antes del 21 de julio. No es un aval directo del Govern, según Giró. El consejero de Economía lo ha calificado de «contraaval del aval». El aval lo pone una entidad financiera con la garantía del fondo de 10 millones que hace la Generalitat.

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El Gobierno catalán ha insistido en que el fondo tiene seguridad jurídica. Es a su juicio una fórmula bien armada desde el punto de vista jurídico y no hay malversación posible, como advierten desde el PSC o Ciudadanos. «El decreto no da 10 millones a nadie. Es un aval para cubrir una reclamación sin resolución judicial previa», según Giró.

La cobertura del fondo abarca todas las personas que tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración catalana y de los entes y organismos de su sector público, los altos cargos y los miembros del Govern.
Los trabajadores públicos podrán solicitar la cobertura de este fondo siempre que no exista una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas; que el riesgo no se encuentre cubierto por ninguna póliza de seguro y que la Generalitat de Cataluña no haya iniciado ninguna acción contra la persona afectada, ningún procedimiento disciplinario o sancionador, ni ningún procedimiento judicial de reclamación de responsabilidad civil.

El Govern trata de dar una garantía hasta que haya una sentencia firme. Si la hubiere, el Govern, según Giró, recuperaría el dinero. Si se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero, así como los intereses.

La Caja de Solidaridad del independentismo pide aportaciones

El presidente de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes, ha llamado este martes a la ciudadanía a seguir haciendo aportaciones para responder al «embate» que supone las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por valor de 5,4 millones de euros a 34 altos exaltos cargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, entre otros casos.

«Haremos lo posible y lo imposible para recuperar estos millones de euros destinados a fianzas injustas de todo tipo», ha advertido en rueda de prensa, acompañado por el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, en la que posteriormente han participado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

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