Luis Bárcenas (en el centro), en una imagen de archivo.

Un informe policial afirma que Rajoy tuvo «conocimiento» del espionaje a Bárcenas

Los investigadores manifestaron al juez que 'el Asturiano', el apodo que la trama daba al expresidente, conocía el operativo

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, responsable de la investigación del 'caso Villarejo', afirma que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy conoció el desarrollo de la 'operación Kitchen'. Los agentes remitieron estas pesquisas el 29 de octubre de 2018 al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Señalan que el dispositivo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas «estuvo coordinado» por el 'número dos' del Ministerio del Interior , Francisco Martínez, «con conocimiento del 'Asturiano'», el apodo que los policías investigados daban a Rajoy.

La referencia al exlíder del Partido Popular se hace en un momento concreto del informe, sin dar más detalles, en el que se analizan los «proyectos» del excomisario preso José Manuel Villarejo. El investigado fue la persona que se encargó «del manejo como informador» de Sergio Ríos, el chófer de la familia de Bárcenas, con el objetivo de sustraer documentos sensibles sobre la 'caja B' «para altos cargos del PP».

Asuntos Internos sostiene que la operación tuvo un «resultado positivo» y añade entre paréntesis: «Con conocimiento del 'Asturiano' y del 'Largo». La unidad policial ha determinado que los policías que operaban junto a Villarejo llamaban «Asturiano» a Rajoy (el otro sobrenombre era «Barbas»), mientras que «el Largo» es el mote del abogado Javier Iglesias, vinculado a trabajos para el PP y supuesto nexo entre Villarejo y el expresidente.

El pasado lunes se conoció un informe de la Fiscalía Anticorrupción que incluía mensajes del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, investigado en 'Kitchen', en el que sostiene que si él termina declarando también lo hará Mariano Rajoy. En dicho escrito los fiscales pedían al juez que investigue al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la extitular de Defensa, María Dolores de Cospedal, por su conocimiento del plan de espionaje al que fuera tesorero nacional de los populares.

Los agentes añaden en su informe que, en un principio, la operación 'Kitchen' se justificó como el intento de averiguar «la posible ubicación» de documentación que Bárcenas tendría oculta en un «escondite solo conocido por él para informar inmediatamente de ello a la Autoridad Judicial». Pero «hasta el momento» no existe constancia de ello. Dicho material está relacionado con la 'caja B' del PP, que investiga otro juez de la Audiencia, José de la Mata.

Este magistrado decretó ayer el levantamiento del secreto de su pieza y los datos que recoge arrojan importantes novedades. El dispositivo de espionaje costó al menos 53.266,22 euros, una partida procedente de los fondos reservados de Interior durante la etapa de Fernández Díaz.

Reparto de los fondos

De la Mata, instructor del 'caso Gürtel', amplió su investigación en diciembre de 2018 tras conocerse el hallazgo de estos documentos. Según el juez, las diligencias han podido acreditar un total de 25 pagos entre julio de 2013 y mayo de 2015 en relación con la colaboración prestada por el chófer Sergio Ríos, captado por los mandos de la trama para que espiara e informara de los movimientos del matrimonio a cambio de 2.000 euros mensuales. Al finalizar su cometido ingresó en la plantilla de la Policía.

En esos 53.266 euros también se incluyen las remuneraciones a los agentes de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que participaron en la trama. De esta cantidad, 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios, y el resto a gastos de comida (2.574 euros), transporte (496 euros) y otros abonos menores que no se concretan (195 euros). Unas cantidades que habrían sido abonadas por el comisario Andrés Gómez Gordo y por Villarejo.

De la Mata recoge en su auto las personas, lugares del entorno de Bárcenas y de su esposa y vehículos objeto de vigilancia entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013; así como 22 de enero y 12 de febrero de 2014, «existiendo constancia documental de ello mediante notas de servicio». Estas anotaciones partieron de 71 agentes del área de seguimientos, servicio adscrito a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información. Su responsable era el investigado Enrique García Castaño, el comisario que ahora colabora con la Justicia.