El espionaje a Bárcenas sacude la causa de la 'caja B' del PP por encubrimiento

Un material que debería haber acabado en manos del juzgado del 'caso Gürtel', pero que impidieron los ahora investigados -liderados por el comisario preso José Manuel Villarejo- por encargo de altos cargos del Gobierno.

En aquella época, año 2013, el responsable de la instrucción de los llamados 'papeles de Bárcenas', los apuntes de la contabilidad paralela del PP, era Pablo Ruz. El magistrado había confiado a la UDEF (unidad de investigación de la Policía Nacional) las pesquisas judiciales. Este grupo estaba liderado por el inspector jefe Manuel Morocho. Su cometido era cotejar la veracidad de los apuntes del extesorero y buscar indicios documentales que nutrieran los posibles cohechos. Una tarea titánica porque algunas notas datan de 1989, y ya estarían prescritas, mientras que los empresarios donantes del partido guardaban silencio sobre la obtención a cambio de contratos.

Lo que ahora se conoce con el informe de 'Kitchen' es que el equipo de Morocho tenía al enemigo en casa. Los fiscales han acreditado que el dispositivo dirigido por Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), «ocultó deliberadamente» el resultado de sus actividades ya no a los mandos de la UDEF, sino a la unidad de 'Gürtel'. Y este encubrimiento incluyó el registro de inmuebles en Madrid pertenecientes a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, o el volcado de dos teléfonos móviles y un ordenador del matrimonio.

Para este cometido captaron al chófer de Iglesias, Sergio Ríos, al que pagaron 2.000 euros al mes durante dos años con fondos reservados del Ministerio del Interior, le compraron una pistola valorada en 700 euros y al concluir su labor entró por arte de magia en la plantilla de la Policía.

El propio García Castaño, que está colaborando con la investigación del 'caso Villarejo', declaró al juez Manuel García-Castellón que «nunca» se informó a la UDEF del resultado de este espionaje. Un operativo que se puso en marcha el 11 de enero de 2013, en pleno escándalo por la fortuna oculta en Suiza del extesorero del PP y poco antes de que se publicarán los primeros apuntes de la 'caja B'.

Uno de los mandos policiales investigados en 'Kitchen' es José Luis Olivera. El comisario principal fue jefe de la UDEF hasta julio de 2012 y a finales de 2014 fue nombrado director del CITCO, el centro de inteligencia policial que aglutina información de terrorismo y crimen organizado. Su nominación fue avalada entonces por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que Anticorrupción pide ahora su imputación por los «numerosos» indicios hallados de que conoció y alentó el espionaje a Bárcenas para «controlar los daños» a altos cargos del PP.

A Férnandez Díaz los fiscales le atribuyen delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, y su investigación está pendiente ahora de la decisión del juez del 'caso Villarejo'. En parecido nivel de conocimiento del plan de espionaje y encubrimiento estaría la exministra María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, señalados por sus «encargos» a Villarejo cuando aquella era secretaria general del PP (2008-2018). Ambos esperan también la decisión de García-Castellón.

De forma paralela, el camino que tomen las pesquisas de 'Kitchen' se sigue muy de cerca en el juzgado del 'caso Gürtel'. La razón es que el juez José de la Mata amplió en noviembre de 2018 la investigación de la 'caja B' del PP tras conocerse las primeras informaciones de 'Kitchen' y el hallazgo de nuevos indicios de la contabilidad paralela. Hoy en día esas pesquisas siguen secretas y si Anticorrupción o las acusaciones populares personadas reclaman incorporar este plan de sustracción y ocultación de pruebas el juez tendrá que tomar una decisión. En caso afirmativo, la investigación de la 'caja B' estallaría en las manos de la antigua cúpula del PP.