La detención por un fraude con mascarillas del escudero de Ábalos sacude al Gobierno

La compra de este material en el peor momento de la crisis sanitaria, en marzo y abril de 2020, se produjo por parte los ministerios de Interior y Fomento -en la etapa de Ábalos- y de las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, bajo la presidencia de dirigentes socialistas. En total, los contratos adjudicados tuvieron un valor de 53 millones de euros. En el marco de Fomento están implicados en la compra los organismo ADIF (gestor de la infraestructura ferroviaria) y Puertos del Estado, mientras que las compras en Interior fueron autorizadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Precisamente, en este marco han declarado este miércoles como testigos ante la Guardia Civil el 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el ministerio, Rafael Pérez, y José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, según ha informado Europa Press. Fuentes de Interior han reaccionado a la información señalando que «no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto».

El juez instructor del caso es Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que investiga la querella registrada en otoño pasado por la Fiscalía Anticorrupción. La causa está bajo secreto. Los delitos que se investigan son cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. Además de los 14 arrestados y seis implicados más, hasta el momento se han producido 26 registros, todo ello en las provincias de Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Bizkaia, Zaragoza y Cáceres.

Además de Koldo García, que ya no milita en el PSOE, la UCO de la Guardia Civil ha detenido a su mujer Patricia Úriz (en libertad tras pasar por las dependencias del Instituto Armado), al hermano del primero, Joseba García Izaguirre, y al empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol Víctor de Aldama. Todos ellos pasarán a disposición judicial este jueves. En el caso del que fuera asesor de Ábalos, se sospecha que con las comisiones recibidas pudo adquirir varios bienes inmuebles en la provincia de Alicante entre 2020 y 2023.

El arresto de Koldo García ha provocado un inmediato revuelo político, en plena sesión de control al Gobierno en el Congreso. Ábalos, se ha visto interpelado por los periodistas en los pasillos, ante los que ha enfriado su relación con quien fuera su lugarteniente en Fomento. Ha dicho desconocer los hechos investigados y ha negado, en consecuencia, que tenga intención de dimitir como diputado.

«No tengo ni idea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto. Me gustaría poder dar (explicaciones), pero no tengo más información que lo que he leído. Estoy muy decepcionado», ha dicho Ábalos en referencia a la detención de su excolaborador, con el que dice haber perdido relación con el paso de los años, aunque luego admitió que habló por teléfono con él hace solo dos semanas.

Ábalos fue ministro de Fomento entre 2018 y 2021, etapa en la que compaginó el cargo con el de secretario de Organización del PSOE, con Pedro Sánchez como secretario general del partido. Actualmente es diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso. Abandonó la cartera de Fomento en la remodelación del Gobierno de julio de 2021.

El PP no ha pedido por ahora su renuncia, pero sí le ha exigido que comparezca en el hemiciclo para ofrecer explicaciones con dos dardos hacia los socialistas. Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, ha reclamado que se esclarezca si las actuaciones que se imputan a García fueron «el motivo» para que Sánchez destituyera a Ábalos hace tres años; y ha colocado el punto de mira también sobre Salvador Illa, ministro de Sanidad en la pandemia y ahora líder del PSC. Aunque la investigación no afecta a su departamento, por los datos que han trascendido hasta ahora.

La denuncia que originó parte de la investigación fue interpuesta por el secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano. Los populares aludieron a presuntas irregularidades en distintos contratos de urgencia formalizados por la administración central. Anticorrupción abrió diligencias de investigación, pero no se hallaron indicios de delito en la mayoría de los casos. Sin embargo, en uno de estos asuntos, relacionado con las adjudicaciones a la sociedad zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, se encontraron posibles evidencias de fraude.

En concreto, el Ministerio de Transportes y Fomento destinó 12,5 millones a la compra de cinco millones de mascarillas a esta mercantil, administrada por José Ángel Escorial y que pasó de ingresar 0 euros en 2019 a facturar 53,1 millones en 2020. Su actividad hasta la pandemia consistía en la gestión de proyectos de asesoramiento técnico en África.

Ese contrato de marzo de 2020 se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas. La denuncia del PP recoge que esta empresa no reunía los requisitos de idoneidad y solvencia y que no tenía ningún vínculo con China que le hiciera apta para ser suministrador preferente.

A pesar de ello, Soluciones de Gestión en un plazo de una semana resultó adjudicataria no solo del contrato de 12,5 millones de Transportes y Fomento, sino que el Ministerio del Interior también adquirió un millón de mascarillas a la misma empresa por valor de 3,5 millones por el mismo procedimiento que el anterior. En el caso de los gobiernos de Canarias y Baleares, fue beneficiada con cuatro y dos contratos, respectivamente, por parte de sus servicios de salud.