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Javier Otazu (Efe) / Rabat
Miércoles, 22 de enero 2020, 13:17
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Marruecos trata de asentar su soberanía jurídica sobre el territorio del Sáhara Occidental y sobre sus aguas, y por ello ha inscrito las aguas saharauis dentro de sus aguas territoriales. La declaración tiene fuerza legal solo a nivel interno.
Aunque la intención de Rabat tiene más que ver con sus esfuerzos en lo que llama la "marroquinidad" del Sáhara, la geografía es contundente: las 200 millas de la ZEE colisionan con la propia zona exclusiva de las Islas Canarias, y por ello la iniciativa marroquí ha sido recibida con alarma en Canarias.
El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, dijo el pasado 16 de diciembre, cuando las leyes de delimitación se aprobaron en comisión parlamentaria, que su gobierno había tardado en hacerlo para no interferir en las largas negociaciones pesqueras con la Unión Europea. El acuerdo de pesca no se ratificó y promulgó en Marruecos hasta el pasado mes de julio.
Las leyes que hoy apruebe la Cámara de Representantes son solo una etapa de su recorrido legislativo: a continuación deberán pasar a la Cámara de Consejeros (alta), donde irá primero a comisión y luego a plenario, para lo que no hay un plazo concreto, según el reglamento interno del parlamento marroquí. Dependerá del interés de los grupos parlamentarios y del secretariado de la propia cámara, que puede o no dar a las leyes carácter urgente.
A continuación, las leyes deben ser promulgadas en el Boletín Oficial, para lo que tampoco existe un plazo concreto. Pueden pasar semanas o meses.
Marruecos considera que establecer una frontera marítima mediante la "línea mediana" solo sirve como criterio entre dos plataformas continentales. El mismo Burita lo explicó así: "Si uno tiene 750 kilómetros de costas y el otro 10 kilómetros, no se puede aplicar la línea mediana. Aquí entra el principio de equidad (...) Marruecos no se inventó estos nuevos principios. Ya existían en los acuerdos internacionales".
Los expertos consultados por Efe coinciden en que la declaración de las aguas territoriales y de la ZEE por parte de Marruecos suponen un mensaje principalmente interno. Para que tenga validez jurídica internacional, debe consensuarse una fórmula con el país con el que exista una discrepancia (España en el caso de Canarias); en caso contrario, los países pueden recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, como hicieron Perú y Chile en 2014.
Las aguas saharauis ya son de facto explotadas por Marruecos a través de los acuerdos de pesca con la Unión Europea, y esta explotación incluye tanto el rico banco pesquero como las algas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha reconocido la soberanía marroquí sobre las aguas saharauis, pero los negociadores de Rabat y la UE encontraron una fórmula que reconocía que esas aguas eran de hecho administradas por Marruecos.
Las aguas atlánticas entre las Canarias y el territorio marroquí/saharaui tienen potencial petrolero, y de hecho han existido prospecciones en la zona promovidas por Marruecos que han causado alarma en Canarias porque podrían afectar al turismo.
Pero más allá de la ZEE, en la llamada "ampliación de la zona económica" que se extiende hasta los 350 kilómetros al suroeste allá de la isla del Hierro y a la que también podría aspirar Marruecos. Dentro de esa zona ampliada se ubica el Monte Tropic, en realidad un volcán submarino rico en minerales como el telurio o el cobalto, imprescindibles para la fabricación de coches eléctricos o paneles solares.
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