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A los vecinos se les acaban las opciones. Han recogido firmas, han viajado a Madrid, han propuesto alternativas y hasta se han ofrecido voluntarios para sacar al barrio entero de la playa. Hay 144 casas censadas, pero las que infringen la normativa, las que, según la Demarcación de Costas de Canarias, ocupan suelo donde la ley no permite viviendas, son 55, y aún así, el caserío entero está dispuesto a dejar libre la arena de la cala. Sin embargo, ninguna de esas soluciones ha fructificado del todo y al final lo único que tienen en firme son 14 sentencias de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Había 5 de antes, la semana pasada llegaron otras 5, y ayer fueron 4 más. En total, suman 14, que suponen más de la mitad de las 21 edificaciones sobre las que Costas había dictado orden de demolición. La estadística y la jurisprudencia hacen pensar que tarde o temprano llegarán las otras 7.
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