En libertad, pero bajo sospecha de cohecho

Tras más de cinco horas tomando declaraciones, el titular del Juzgado de Instrucción 7, Miguel Ángel Parramón, decretó la libertad con cargos para los cuatro nuevos imputados en la investigación de la trama eólica: el director comercial de Unelco-Endesa y presidente de la Junta Insular de Gran Canaria del Colegio de Ingenieros Industriales, José Antonio Lucendo y los empresarios Javier Colino Martínez, Daniel Fernández de Salamanca y José Ignacio Esquível. Para éste último impuso también una fianza de 150.000 euros, que tendrá que ser depositada antes de 72 horas. A todos ellos el juez Parramón los acusa de un delito de cohecho -intento de soborno a un funcionario en el ejercicio de sus funciones- y tráfico de influencias.

Los cuatro imputados estaban citados en el juzgado de Instrucción a las nueve de la mañana, aunque no comenzaron a declarar hasta media hora después.

El primero en enfrentarse a las preguntas de Parramón fue Javier Colino, quien aseguró antes de entrar que estaba «muy tranquilo». Hora y media después, y defendido por el mismo abogado, José Lozano Miralles, entró en el despacho de Parramón Daniel Fernández de Salamanca, administrador solidario, junto a Colino, de Recursos Energéticos de Canarias y Aprovechamientos Energéticos de Canarias.

Fuera de la lista

Ni Colino ni Fernández Salamanca acertaron a decir de qué se les acusaba, aunque su abogado explicó después de la comparecencia de sus defendidos que no había nada en contra de ellos y que esperaba que en las próximas semanas los nombres de sus clientes no se encontraran en la lista de imputados.

Mucho más corto fue el interrogatorio a Lucendo, quien por consejo de su abogado, José Ignacio Nestares, se negó a declarar.

El último en comparecer ante el juez fue el empresario José Ignacio Esquível, apoderado de la firma Recursos Eólicos S.A. Ni él ni su abogado, Fernando Martín, quisieron hacer declaración alguna antes de entrar a declarar, situación que se mantuvo después, al conocer que debían aportar una fianza de 150.000 euros para evitar la prisión provisional.

Colino y Fernández comparten abogado

Poco antes de las 09.00 horas llegaban a Granadera Canaria los empresarios Daniel Fernández Salamanca (i) y Javier Colino (en segundo plano) junto al abogado de ambos, José Lozano Miralles. Los dos empresarios, que son socios en negocios en el sector de la energía eólica, fueron los primeros en declarar ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción.

Arropado por directivos de Unelco

El director comercial de Unelco-Endesa, José Antonio Lucendo (en el centro), llegó a la sede judicial de Granadera acompañado por dos representante de la compañía eléctrica. No obstante, su abogado, José Ignacio Nestares, se encargó de dejar claro que Lucendo aparece en el sumario que instruye Parramón como imputado «a título particular».

"Mi cliente está en una situación de indefensión"

El único de los cuatro nuevos imputados que se negó a hablar ayer ante el juez Miguel Ángel Parramón fue el directivo de Unelco-Endesa José Antonio Lucendo. Y lo hizo, según explicó su abogado, José Ignacio Nestares, atendiendo a su recomendación, puesto que no sabía de qué se le estaba acusando.

Nestares explicó que Lucendo simplemente se ha acogido «al derecho constitucional de no declarar», un derecho, dijo, «que ejerce mi cliente» frente a la «situación de indefensión» en la que se ha encontrado «al no serle comunicado «por qué está aquí».

Lucendo, dijo su abogado, no niega su amistad con Celso Perdomo, con quien seguramente habrá tenido alguna conversación que Nestares no descarta que se encuentre entre las grabaciones que obran en poder del juez. No obstante, insistió el abogado del presidente de la Junta Insular de Gran Canaria del Colegio de Ingenieros Industriales, el problema es no saber de qué se le acusa.

Ante la negativa de Lucendo a hablar, el juez le ordenó permanecer en las dependencias judiciales hasta que tomara una decisión, lo que hizo pasadas ya las dos de la tarde, hora y media después de que saliera del despacho de Parramón.

No es por Cabrera

La imputación que formula el magistrado Miguel Ángel Parramón al empresario José Ignacio Esquivel deriva de indicios hallados a raíz de la denuncia presentada por el empresario Alberto Santana, y no tiene relación -al menos en la actualidad- con el caso de la empresa pública del Cabildo Megaturbinas de Arinaga, en el que el ex consejero de esta empresa Francisco Cabrera afirma que se apartó a la empresa pública del negocio eólico a favor de Recuirsus Eólicos S.A., la firma de la que es aporado Esquivel. Según fuentes próxias a la investigación, el juez no ha tenido que entrar a estudiar la denuncia de Cabrera para dar con la presunta implicación de Esquivel en la trama eólica: le bastó con intervenir el teéfono del ex director general de Industra para encontrar indicios de la aparente participación del empresaria en la trama.

Daniel Fernández de Salamanca: "Hemos presentado pruebas de que falsearon nuestros correos"

Durante nuestra comparecencia ante el magistrado instructor», expuso ayer el empresario Daniel Fernández de Salamanca, «hemos presentado pruebas de que la denuncia de Alberto Santana se apoya en correos electrónicos cuya autoría se nos atribuye que, si bien se parecen a nuestro correos internos, han sido manipulados en su contenido».

De vuelta a Madrid "esta tarde mismo"

Los empresarios Javier Colino y Daniel Fernández Salamanca aportaron al juez «abundante documentación» durante su comparecencia, según explicó su abogado, José Lozano, quien aclaró que sus clientes «ni cobraron comisiones ni cometieron ningún tráfico de influencias». Colino y Fernández volvieron a Madrid ayer.

90 minutos declarando

El empresario José Ignacio Esquível (i) y su abogado, Fernando Martín (d), fueron los primeros en llegar ayer a los Granadera Canaria (8.45 horas) y los últimos en salir (14.10). Esquível estuvo poco más de 90 minutos ante el juez Miguel Ángel Parramón tras esperar más de tres horas y media en la antesala del Juzgado de Instrucción n.7.

Los hechos según el entorno de Lucendo

El presidente de la Junta Insular de Gran Canaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias (COIIC) y directivo de Unelco José Antonio Lucendo Sancho, imputado en la investigación, habría mantenido entre el otoño de 2004 y finales de 2005 diversas conversaciones telefónicas con Celso Perdomo en las que se pudo hacer mención al concurso eólico mientras Perdomo tenía intervenido el teléfono por orden judicial, pero siempre con fines de recabar información legal solicitada por colegiados de Las Palmas, y en ningún caso con el ánimo de acceder a datos confidenciales que permitieran a sus poseedores optar al concurso en condiciones ventajosas, afirmaron ayer fuentes próximas al entorno del imputado.

Lucendo declinó desmentir o confirmar cualquier tesis sobre su versión de los hechos y recordó que ante el juez se había acogido a su derecho a no hablar. No obstante, fuentes próximas al caso indicaron a este periódico que el ingeniero tiene relaciones personales con Perdomo por haber coincidido con él en la Junta de Gobierno del COIIC, así como por los cargos profesionales que ambos ostentaban en aquella época.

Lucendo, siempre según estas fuentes, tuvo conversaciones con Celso Perdomo donde se pudo haber comentado el concurso eólico en el tiempo en el que la Dirección General de Industria estaba elaborando el pliego de condiciones del concurso, pero sin pedir ni recibir informaciones que permitieran una postura de ventaja en la convocatoria, según afirman estas fuentes.

Por encargo

Supuestamente, el presidente de la Junta Insular del COIIC habría recabado esta información de Perdomo en nombre de algunos ingenieros que habrían pedido su gestión por su condición de presidente de la Junta Insular del COIIC.

De otro lado, el ingeniero también podría haber sido grabado mientras conversaba con Perdomo en referencia a cualquiera de los diversos expedientes abiertos por la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias a Unelco en referencia a incidencias en el servicio a los usuarios.

Frente a esta tesis, la autoridad judicial mantiene que en las investigaciones existen indicios que permiten apuntar al ingeniero como supuesto autor de delito de cohecho y tráfico de influencias, si bien en el actual momento procesal la orden de secreto que pesa sobre las diligencias impide conocer a todas las partes salvo al fiscal cuál es el contenido de las diligencias y hasta que punto se puede objetivar la implicación de los ahora imputados. En total, el número de implicados se eleva a once.