Cinco años y no hay pruebas
La desclasificación del caso Las Teresitas evidencia que en cinco años de investigación la Justicia no ha conseguido reunir pruebas de que los empresarios que vendieron Las Teresitas al Ayuntamiento a un precio «desaforado» compensaran con sobornos a los políticos que lo propiciaron.
Antonio F. de la Gándara
Viernes, 2 de diciembre 2011, 21:13
En los cinco años que median entre la presentación de la querella (diciembre de 2006) y el levantamiento total del secreto, anteayer, ni la investigación policial más minuciosa que se ha visto en Canarias ni el tesón de la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez han logrado presentar ante la juez Carla Bellini pruebas sólidas de que el equipo de Zerolo recibiera sobornos de Ignacio González y Antonio Plasencia por comprarles con fondos púbicos la primera línea de playa de Las Teresitas por un «precio desaforado» supuestamente, valía 15 millones y pagaron 52.
La afirmación de que no hay soborno no parte de los imputados ni de la juez Bellini, imparcial como instructora: es la propia fiscal María Farnés Martínez la que la rubrica en el informe de 56 folios con el que el pasado 21 de noviembre pidió a la instructora el levantamiento de la imputación por cohecho que mantenía contra Miguel Zerolo, Manuel Parejo Afonso y Manuel Parejo Bello, Emilio Fresco, José Emilio García Gómez, Ignacio Manuel González Martín, Antonio Ramón Plasencia, Felipe Manuel Armas, Rodolfo Núñez Ruano, Álvaro Arvelo Hernández, Jorge Luis Bethencourt González y Lucas Valentín Fernández.
Texto íntegro en la edición impresa de este sábado.