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El expresidente de la Generalitat de Catalunya y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, junto a otros miembros de su partido EP
El regreso de Puigdemont a Cataluña pende de la amnistía

Elecciones en Cataluña

El regreso de Puigdemont a Cataluña pende de la amnistía

Puigdemont asegura que estará presente en la investidura, a más tardar el 25 de junio, porque la ley ordena levantar la orden de detención. Pero hay dudas

Mateo Balín

Madrid

Domingo, 12 de mayo 2024, 20:19

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Los tiempos de la ley de amnistía y las decisiones de los jueces, incluidas las posibles impugnaciones ante la justicia europea y el Constitucional español, marcarán el regreso a Cataluña de Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión del instructor de la causa del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena. Después de anunciar el 9 de abril que abandonaría la primera línea de la política si no es elegido presidente de la Generalitat, además de comprometerse a asistir al debate de investidura en el Parlament fuera cual fuera el resultado de las elecciones, el horizonte judicial afecta sobremanera a las intenciones del líder de Junts y, desde este domingo, candidato electo para recoger el acta de diputado en la Cámara catalana.

Puigdemont, huido de la justicia española desde el 30 de octubre de 2017, mira de reojo el calendario político-judicial que se abre ahora. Su promesa de estar en el pleno de investidura en el Parlament, previsto como fecha tope para el próximo 25 de junio, pende de la aprobación y aplicación de la amnistía y de las dudas sobre hasta qué punto el levantamiento inmediato de las medidas cautelares que exige la ley puede ser verdaderamente ejecutivo sin vulnerar -como han advertido, entre otros, letrados del Congreso y del Senado- la capacidad de recurso de las instancias judiciales concernidas (singularmente, el Supremo). Si se cumplen las previsiones, el Congreso ratificará definitivamente en pleno este 30 de mayo la norma que exonerará los delitos del desafío independentistas, el BOE la publicará de inmediato y, a partir de ahí, los jueces dispondrán de un máximo de dos meses para resolver los expedientes bien de oficio o a instancia de los afectados o de la Fiscalía. La incógnita es si la entrada en vigor de la ley garantiza 'per se' que Puigdemont no será arrestado si cruza la frontera.

Llarena procesó en rebeldía al expresident en julio de 2018 y, salvo un breve lapso, mantiene en vigor la orden de detención nacional contra él. Una situación que no varió cuando las Cortes aprobaron derogar el delito de sedición y modificar la malversación de caudales públicos en diciembre de 2022. Una reforma que fue aplicada un mes después por la Sala Segunda (Penal) del Supremo que juzgó el 'procés' en 2019 y que, en esencia, mantuvo la malversación agravada para Puigdemont (penada con cárcel) y sustituyó la sedición por la desobediencia (conlleva solo inhabilitación).

Esta modificación legal provocó que Llarena tuviera que dejar sin efecto la orden de arresto anterior y acordar una nueva de busca y captura e ingreso en prisión si el procesado pisaba en algún momento territorio nacional; un mandato que afecta también a los dirigentes de Junts Toni Comín y Lluís Puig, procesados en rebeldía por el 'procés' de otoño de 2017).

«De forma inmediata»

Pues bien, esta es la situación judicial actual a la que se enfrenta el líder de Junts y la única manera de eliminar el riesgo de ser detenido es con la aplicación de la amnistía, pendiente aún del calendario parlamentario. El PP desplegará este martes su mayoría absoluta en el Senado para vetar la ley, que regresará al Congreso para su presumible refrendo el día 30 y entrada en vigor inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los tribunales tendrán entonces dos meses para aplicar el borrado penal de todas aquellas causas relacionadas con el 'procés'. Sin embargo, algunos efectos, como el levantamiento de las medidas cautelares, deberán dictarse «de forma inmediata» cuando la ley se publique en el BOE.

Es ahí donde Puigdemont puede ver algo de luz, ya que la orden de busca y captura es una medida cautelar, es decir, provisional, que la amnistía establece que debe levantarse en cuanto la ley esté en el BOE. Pero aunque Puigdemont da por hecho su regreso a Cataluña, voces del independentismo admiten privadamente la existencia de dudas sobre el carácter ejecutivo de la ley en lo que se refiere a lo que ordena sobre las medidas cautelares. Y juristas ya han advertido también de que esa previsión de la norma podría erosionar el margen de impugnación con que cuentan juzgados y tribunales. La presentación y admisión a trámite de eventuales cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de inconstitucionalidad ante el TC español implican la paralización del expediente concernido hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Los tiempos dependen, así, de la ley, pero también de Llarena, que lleva inmerso desde finales de 2017 en su particular batalla por lograr, sin éxito, la entrega del acusado por parte de las autoridades europeas. Y en este punto aparece de nuevo el calendario, ya que el Parlament tiene 20 días hábiles desde este domingo para celebrar su sesión constitutiva, lo que da margen hasta el 10 de junio, justo un día después de las elecciones a la Eurocámara. Si se apuraran plazos, el último día para celebrar la primera sesión de investidura sería el 25 de junio, un día después de San Juan, festivo en Cataluña, y a la que Puigdemont ha asegurado su presencia. Otro asunto es cuándo y cómo recogerá el acta de diputado electo, si finalmente lo hace.

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