Los economistas exigen una ley que regule toda la oferta turística y no solo el alquiler vacacional

El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas hizo público su informe 'El turismo de Canarias: un multimodelo a revisión', cuya principal conclusión es que las islas necesitan una ley que englobe a «toda la oferta alojativa de Canarias», no una ley para cada actividad turística, en referencia al anteproyecto de ley sobre vivienda vacacional presentado por la Consejería de Turismo del Ejecutivo, del que aseguran es «muy largo» y va en contra de la idea de simplificación burocrática que viene defendiendo el actual Gobierno desde su llegada.

La directora y coordinadora de este estudio, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez, señaló que el grueso (64%) de las viviendas vacacionales de las islas se encuentran en los 13 municipios turísticos de las islas y Las Palmas de Gran Canaria y que dentro de esos municipios , el 83% se halla en los microdestinos donde se desarrolla la actividad turística.

Una de las principales conclusiones que el Colegio de Economistas extrae del estudio es que los datos sobre vivienda vacacional que ofreció la Consejería de Turismo esta semana no se ciñen a la realidad y necesitan «una depuración importante». Según Rodríguez, han detectado que el 80% de las viviendas vacacionales que están en esos municipios son apartamentos y villas y no propiamente viviendas vacacionales. «Muchas están fuera de la ley».

La coordinadora del informe se cuestiona cómo el Ejecutivo canario ha permitido registrarse como vivienda vacacional a una gran cantidad de villas y apartamentos bajo el amparo de la declaración responsable: «Lo que tienen que hacer es depurar la base de datos y definir con claridad cuántas viviendas vacacionales reales son las que hay en Canarias».

Para Rodríguez, no tiene sentido legislar para ese 20% del alquiler vacacional, que solo se concentra en determinadas zonas y que, analizando en profundidad los datos, el 37% de las viviendas vacacionales se encuentra en los 74 municipios restantes, por lo que «no presentan problemas». Unos problemas que, según Rodríguez, sí derivan de la falta de vivienda pública. Sobre la Consejería de Turismo, opinó que «no les interesa dar datos que puedan ser analizados en contra de su criterio y eso no es bueno para Canarias».

A su juicio, el turismo es un sector «súper importante» y, como tal, «hay que apoyarlo pero sin dejar de lado el resto de sectores, la agricultura, la industria y el resto del sector servicios, ya que lo que está creciendo en el Producto Interior Bruto (PIB) es el sector público y el turismo, y eso no es bueno para Canarias. Solo hay que remitirnos a los que nos pasó en la pandemia: si nos aislamos, tendremos problemas».

Al comparar los datos del Gobierno de Canarias ya corregidos con el diferencial de plazas extrahoteleras (2009-2023) en el conjunto de los municipios turísticos y Las Palmas de Gran Canaria, aparece que la isla de Tenerife acapara en un 98,6% del exceso de viviendas vacacionales sobre el decremento de la oferta extrahotelera, 25.193 unidades alojativas de un total de 25.550.

Por su parte, Gran Canaria disminuye su oferta en 8.467 unidades alojativas (-33,1%), siendo, con diferencia, el municipio de San Bartolomé de Tirajana el más afectado, al perder 21.166 unidades (-82,8%).

Por ello, el decano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, Alcíbiades Trancho, consideró que cada isla del archipiélago tiene su propio modelo turístico, siendo «muy diferentes» los unos de los otros, opinando que al haberse desarrollado cada isla acorde a sus normas propias y en función de su propia población, se «debe legislar en base a cada modelo y cada especificidad».

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