Alquiler vacacional: ¿por qué es tan polémico el anteproyecto de ley?

En ese anteproyecto de ley, la Consejería cifra en 220.000 las camas actualmente operativas en las islas en régimen de alquiler vacacional. ¿Es mucho o es poco? La Consejería responde a la pregunta con otros dos datos: en una región con un parque de 1.078.000 inmuebles, esas 222.014 plazas representan el 37% de la oferta alojativa total.

Sí. El anteproyecto de ley presentado por la Consejería de Turismo establece que al menos el 90% de la edificabilidad residencial excluirá el uso turístico de hospedaje, porcentaje que en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) será de al menos el 80 %, salvo que el planeamiento urbanístico justifique una reserva menor.

Mucho. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que, según el anteproyecto y siempre que no hubiera retoques al mismo, desde que entre en vigor «podrá haber un uso turístico» de la vivienda «cuando lo decida», núcleo por núcleo, «el planeamiento municipal a través de diversos instrumentos que no han de ser planes generales de ordenación», sino que también se podrá articular para tal fin ordenanzas o planes especiales -que se tramitan en seis o doce meses, respectivamente-, como ha hecho ya Las Palmas de Gran Canaria, de forma que este ámbito «no quede al libre albedrío de los propietarios ni del mercado».

Sí. Esa afección queda recogida en las disposiciones finales. El anteproyecto fija, según la Consejería, un régimen transitorio de cinco años, tiempo en el que no podrá haber ni una vivienda vacacional más si no lo establece el planeamiento municipal, una vez que justifique que se cumplen una serie de «indicadores de sostenibilidad». Durante esos cinco años, los propietarios que ya comercialicen viviendas vacacionales tendrán que adaptarse a las nuevas determinaciones de esta ley, ya que, de lo contrario, terminarán saliendo del mercado. Para salvar este plazo transitorio se fijan una serie de excepciones, como la que permitirá a un propietario seguir explotando una vivienda vacacional durante veinte años con la condición de que ponga en el mercado otra vivienda en régimen de alquiler de larga duración con un precio que represente el 30% de los ingresos medios que se registren en el núcleo poblacional donde se encuentre, que ha de ser el mismo en el que comercialice el inmueble con uso turístico.

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Esas exigencias se refieren a la instalación de aparatos de aire acondicionado y calefacción, calificación energética mínima C o B, agua caliente mediante placas solares o similar, toma de corriente para recarga de vehículos eléctricos, acceso rodado y pavimentado a las viviendas y otros factores. Si no se cumplen esas exigencias, las viviendas quedan fuera del mercado.

Por supuesto, las que no cumplan con las nuevas exigencias ya mencionadas. También una vivienda de protección oficial o sometida a cualquier otro tipo de régimen tiene prohibida la explotación comercial de ningún tipo, ni turística ni residencial, y éstas «desde el minuto uno no tendrían que haber estado en el mercado.

El Gobierno no tiene cuantificado un porcentaje de las viviendas protegidas que tendrán que salir del mercado y, por esta razón, hará una encomienda de gestión al Colegio de Registradores para cruzar datos, ya que en el registro de la propiedad se especifica cuáles están dedicadas al alquiler vacacional. Esto servirá al Ejecutivo para dar de baja las declaraciones responsables de esas viviendas explotadas como vacacionales, ya que automáticamente perderán su código de registro exigido por el recién aprobado reglamento europeo de comercialización de plataformas.

La futura ley permitirá sancionar a las plataformas en el caso de que no saquen de sus listados a estas viviendas, como también a sus propietarios, algo que ya podía hacer pero que, afirma la consejera, «era más complicado detectar» solo a través de una declaración responsable que «nadie te va a mirar» por el volumen de carga de los 35 inspectores en plantilla. En la futura ley se señala que, pasado un año desde su entrada en vigor, si una vivienda no tiene actividad económica caducará la declaración responsable.

El rechazo se centra en la patronal Ascav, que agrupa a empresarios del sector, pero también es compartido por gran parte del sector hotelero de Las Palmas. El alquiler vacacional tiene menos impacto en la isla de Tenerife y eso hace temer a empresarios de Gran Canaria que sea esta isla la gran perjudicada con esta regulación que ha puesto encima de la mesa la Consejería, y que se entiende que favorece sobre todo a las grandes cadenas hoteleras.

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