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El Tribunal Supremo emitió ayer una sentencia en la que cambia el criterio que había mantenido hasta ahora y determina que son las entidades financieras las que deben hacerse cargo del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas, que es uno de los mayores costes a la hora de constituir un crédito hipotecario. El Supremo corrige así la sentencia emitida en febrero de este año y en la que eximía a los bancos del pago de la AJD. Entonces, solo obligaba a la entidades a compartir los gastos derivados de los documentos de notaría, el registro y la gestoría, y necesarios para formalizar la hipoteca. Ahora cambia su criterio al entender que es la entidad prestamista y n o quien recibe el crédito el interesado en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.
La noticia fue recibida con satisfacción por los miles de ciudadanos hipotecados españoles y las organizaciones de defensa de los usuarios de banca, como Adicae, no así por las entidades financieras que tendrán que hacer frente a un desembolso millonario. La agencia de calificación Moody´s calcula que los bancos tendrán que desembolsar más de 4.000 millones de euros.
La reacción en la Bolsa no se hizo esperar. Los grandes bancos registraron descensos, con caídas de más de un 6%. En un solo día perdieron 5.300 millones de capitalización bursátil.
En Canarias se estima que 80.000 personas podrán reclamar la devolución de los gastos a sus entidades financieras. A nivel nacional, según datos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la cifra oscila entre los seis y los ocho millones de personas.
La cifra de afectados podría aumentar una vez se conozca la retroactividad de la sentencia. Así lo indicó ayer el responsable de Adicae en Canarias, Manuel Fajardo, quien señala que hay que esperar a que el Supremo emita una nota aclaratoria sobre la sentencia, que ya está solicitada, para determinar el número de personas con derecho a reclamar.
El abogado Javier Guerra Padilla, del despacho Guerra García de Celis, Domínguez y Lorenzo y especializado en derecho bancario, indica que lo importante de la sentencia conocida ayer es que anula el artículo de la Ley Tributaria que establece que es el prestatario quien tiene la obligación de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). «Desaparece la obligación tributaria para el prestatario y se la impone a las entidades financieras», indica.
En Canarias, este impuesto es del 0,75% sobre el total del capital prestado por el banco, lo que sitúa la devolución media en una hipoteca de 150.000 euros de casi 1.200 euros. A esta cifra hay que sumarle el resto de los gastos derivados de la firma de una hipoteca y que ya el Supremo había fallado que le correspondía a los bancos. «Una media de devolución oscila entre los 2.000 y 3.000 euros», asegura Guerra.
Desde el sector inmobiliario no se cree que esta sentencia vaya a suponer grandes cambios en la firma de hipotecas. El vicepresidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Canarias (Acegi), Pedro Pérez, no cree que influya en el mercado. A nivel nacional, se advierte de que el fallo puede endurecer y encarecer a futuro las hipotecas.
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