Canarias estudia fijar porcentajes máximos de alquiler vacacional

En una comparecencia parlamentaria, ha defendido la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anula el actual decreto para "frenar" su aplicación, al tiempo que ha reconocido la "complejidad" de regular el alquiler vacacional porque es "difícil" conciliar todos los derechos.

Con todo, ha comentado que su Gobierno no se ha quedado "parado" y trabaja también en la posibilidad de regular estándares vinculados a la protección del medio urbano, la capacidad de carga del destino o la posible pérdida de identidad de los barrios, y siempre buscando el "consenso" con cabildos y ayuntamientos.

Lorenzo ha advertido también de la "incompatibilidad" entre el suelo rústico y residencial y la unidad de explotación, que "debe respetarse absolutamente", y espera más "transparencia" por parte de las plataformas digitales para que se haga un registro de viviendas.

Asimismo, ha lamentado que se les haya criticado por una "aparente lentitud" para regular esta modalidad cuando es un "fenómeno mundial", y en muchos lugares no se ha logrado regular pese a que incluso está prohibido.

Lorenzo ha apoyado su intervención en el último estudio realizado por la Comunidad Autónoma que recoge que el 8,6% de los turistas de Canarias se alojaron el año pasado en viviendas vacacionales --han caído hasta 1,2 millones--, y que la demanda aumentó un 24% y la oferta un 6%, lo que desmiente un "supuesto boom" del sector en las islas.

Astrid Pérez, del Grupo Popular, ha reconocido su "frustración" porque CC prometió la reforma del decreto en 2015 y aún desconoce los criterios, al tiempo que ha apuntado que las muevas tecnologías marcan una "nueva era" en el mercado turístico. "No podemos afrontarlo bajo los esquemas de nuestro viejo modelo arcaico", ha indicado.

Ha dicho que el "descomunal" incremento del alquiler vacacional en Canarias es consecuencia de una forma nueva de hacer turismo a la que la Comunidad no le da respuesta. "Hay que regular de forma rigurosa la vivienda vacacional en suelo turístico", ha señalado.

Pérez ha destacado que el modelo de 'todo incluido' repartía la riqueza "entre unos pocos" y en muchos casos para empresas radicadas fuera de las islas, como ocurre en el Caribe, y frente a esto, el alquiler vacacional deja beneficios en la restauración y el comercio.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha comentado que la "mundialización" del turismo es "un peligro" para la precariedad laboral y los intereses de las comunidades locales, haciendo hincapié en el alquiler vacacional. "Estamos ante un riesgo severo", ha indicado.

En esa línea, ha señalado que es una "obligación" para el Gobierno de Canarias regular esta modalidad, con "condiciones similares" al turismo tradicional, porque ahora se "deteriora" el destino y hay "competencia desleal".

Ha dicho que su partido está "más cerca" del Gobierno que de los "discursos oportunistas", aunque le ha afeado que hizo un decreto "tarde y mal", entre otras cosas, porque no se ha conseguido aflorar la economía sumergida en el sector.

Rodríguez ha defendido que el suelo turístico quede solo reservado para hoteles, apartamentos y villas, separado del residencial, el industrial y el rústico, reivindicando que "quien se dedique a la actividad turística" debe cumplir con unos criterios.

En esa línea, ha puesto a Barcelona como ejemplo de que quiere "poner coto" a la actividad del alquiler vacacional, ya que el turismo se ha convertido en un "problema" porque "desplaza" a la población local y favorece a los "especuladores".

Además, ha dicho que el recurso del Gobierno contra la sentencia del alquiler vacacional es "oportuno", y ha pedido una normativa con rango de ley que fomente la "profesionalización" del turismo, entre otras cosas, porque el archipiélago "no está preparado" para acoger cinco millones de turistas adicionales.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha dicho que el decreto del alquiler vacacional fue una "improvisación" del Ejecutivo, subrayando que permitir esta modalidad en una isla como La Gomera "es una necesidad imperiosa", que a su juicio queda resuelta en las islas verdes gracias a la Ley del Suelo.

Además, ha puesto a Valle Gran Rey como ejemplo de que el turismo convencional "no es incompatible" con el alquiler vacacional, y ha apoyado que la regulación del sector se haga a través de una ley.

Asunción Delgado, de Podemos, ha comentado que Canarias no tiene competencias para regular acuerdos entre particulares, de ahí que el alquiler vacacional esté en un "limbo jurídico", cuestionando que el decreto actual es "inconstitucional" y que el Gobierno se deja "presionar" por las grandes patronales hoteleras.

Para Podemos, hay que limitar el alquiler vacacional a dos propiedades por persona y no debe ser una "actividad profesional", con el fin de controlar la "masificación" de turistas, que podría ser compensada, además, por una tasa diaria de un euro. "No es tan difícil si se tienen las cosas claras", ha señalado.

Rosa Bella Cabrera, del Grupo Socialista, ha comentado que el Ejecutivo tiene "un papelón" desde hace varios años porque es "imposible" conciliar todos los intereses, debido a que crece la demanda turística liberalizada y al margen de los turoperadores.

En su opinión, hay que dar ya con una solución porque está afectando a las comunidades locales, y hacerlo con el "mayor consenso posible" e instaurando criterios de calidad.

David de la Hoz, del Grupo Nacionalista, ha señalado que el sector está regulado si bien los tribunales "lo han tumbado", remarcando que esta modalidad turística es de una "complejidad enorme", ya que Canarias, por ejemplo, históricamente ha separado la zona residencial de la turística. "Mezclar pollos con turistas no es bueno", ha indicado.

En esa línea, ha comentado que hay que alcanzar un gran acuerdo sobre la sostenibilidad del destino.