500 viviendas turísticas esperan luz verde en la isla para empezar a operar

07/05/2018

La cara y la cruz: 8.000 grancanarios no tienen piso para alquilar en la isla mientras miles de casas están vacías y a la espera de turistas. Las administraciones canarias miran para otro lado

La cara y la cruz. Mientras que en el conjunto de Canarias hay más de 20.000 personas en lista de espera y desesperadas para encontrar un piso en alquiler (en Gran Canaria se estima que son 8.000 y 3.500 en la capital), 500 viviendas están a la espera de recibir luz verde del Cabildo para empezar a operar como viviendas turísticas, según la administración insular. Sin contar estas 500, en la isla hay censadas y operativas 2.323 viviendas turísticas (81 se han incorporado en el primer trimestre del año).

Pero, ojo, este registro es de aquellos propietarios que optan por la vía legal y deciden dar de alta sus viviendas como actividad turística y con todo en regla, incluidos los pagos a la Agencia Tributaria. Trámites que no hace la mayoría de los que están entrando en este negocio y que optan por la ilegalidad gracias a las oportunidades para encontrar clientes que ofrecen plataformas como Airbnb o Homeaway. En Baleares, por ejemplo, donde hay registro, de los 20.000 pisos turísticos que hay solo 645 tienen licencia.

Basta un simple ejercicio para darse cuenta de la realidad. Si uno entra ahora mismo en una inmobiliaria on line y pone en el criterio de búsqueda alquiler en Lanzarote, aparece en pantalla el siguiente mensaje: «Ninguna propiedad se ajusta a sus criterios de búsqueda». Esto significa sencillamente que no hay nada disponible.

Por contra, si vamos a cualquier plataforma de alquiler turístico y ponemos, alquiler en Lanzarote aparecen más de 300 propiedades. Solo en una web.

La dimensión del problema está provocando que distintas administraciones en todo el mundo -la última el Ayuntamiento de París- están denunciando a las plataformas por no obligar a los propietarios a demostrar cuando se anuncian que tienen todo en regla.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha ido más allá ante la falta de colaboración de estas plataformas para ordenar el sector y ha optado por la vía de la prohibición. A partir de julio no se permitirá el alquiler turístico en pisos en la capital balear (solo en viviendas unifamiliares). En Canarias, pese al alcance del problema, las administraciones miran para otro lado y obvian que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.