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Los sindicatos han reaccionado con preocupación en Canarias por la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido objetivo de una trabajadora por baja laboral aunque esté justificada. A juicio del secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, los fundamentos legales a los que se agarra el fallo «demuestran que la reforma laboral que el PP aprobó en 2012 criminaliza al trabajador enfermo».
No piensa así el secretario general de la patronal CCE Las Palmas, José Cristóbal García, que valora el precepto jurídico en el que se ha amparado el Alto Tribunal para permitir el despido objetivo, esto es, «cuando se demuestra que hay un daño a la productividad de la empresa».
Lo cierto es que el pleno del TC falló por ocho votos frente a cuatro a favor del derecho al despido por absentismo agarrándose al artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores, que contempla como causa objetiva de despido el absentismo durante un 20% de las jornadas laborales de dos meses, aunque estas faltas estén justificadas.
El representante de González advierte de que esta sentencia es un «claro aviso» para los trabajadores: «La normativa les fuerza a acudir a su puesto de trabajo aunque estén enfermos, porque si no, pueden perder su empleo».
El sindicalista alerta de que el fallo «abre un escenario peligroso porque se avanza hacia el libre despido». Pero recuerda que está abierta la posibilidad de acudir Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante lo que considera «una vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores», porque «se priman los intereses de productividad de la empresa sobre la salud de las personas».
Pero el portavoz de la patronal recuerda que «la causalidad de los despidos está muy bien justificada en la legislación laboral, mediante criterios muy rigurosos que impiden que se actúe con arbitrariedad». García recuerda que la ley excluye del despido objetivo las «bajas médicas de más de 20 días y los derivados de enfermedades graves, atendiendo a que en estos casos puede existir un riesgo grave y cierto para la salud de los trabajadores afectados». «El absentismo reiterado genera un alto coste contra el que hay que luchar, garantizando siempre los derechos de los trabajadores», concluye.
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