Tres presidentes para La Esfinge, una obra llena de irregularidades

22/10/2018

FCC en UTE con otras empresas se adjudicó la obra por 46,3 millones con Mayoral. Con Sánchez Simón-se ejecutó y con Ibarra se liquidó inicialmente sin penalizaciones. El exdirector Pintado, que fue apoderado, de FCC vivió varias etapas

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La investigación abierta a la empresa FCC, por un posible delito de estafa, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental y que tendría como víctima, entre otras administraciones, a la Autoridad Portuaria de Las Palmas reactiva la causa que se dirime en el mismo juzgado -Instrucción 7 de Las Palmas- y por el que se trata de determinar quiénes fueron los responsables de las irregularidades técnicas y contables de la segunda fase de La Esfinge, acometida por esta constructora y cuyo quebranto económico para La Luz oscila entre los 17,4 y los 53 millones de euros, según estimó en su día el propio Puerto.

Como se recordará, la obra fue adjudicada en 2007 por un importe de 46,3 millones de euros a una UTE liderada por la empresa FCC y en la que también participaban Matías Marrero, Félix Santiago y Dragados. A pesar de que la obra debía estar finalizada en 2009, sufrió una demora de tres años. Se entregó en julio de 2012 con enormes carencias técnicas (el Puerto invertirá ahora seis millones para subsanarlas) e irregularidades contables. Entre otras cosas, y según un informe que elaboró el propio Puerto en su día, «la UTE recibió por los bloques de la estructura una cantidad superior a la establecida».

Pese a todo, la UTE planteó al Puerto una reclamación de 12,5 millones de euros por actuaciones realizadas y no contempladas en el contrato, que fue la razón que hizo elevar el expediente a Puertos del Estado y al Ministerio de Fomento y el por qué del inicio de la investigación en la vía judicial.

Desde entonces y hasta ahora han sido múltiples las acusaciones que se han lanzado los distintos equipos que dirigieron el Puerto durante los cinco años en los que duró la obra y en los que hubo tres presidentes: Emilio Mayoral (PSOE), Javier Sánchez-Simón (entonces en el PP), y Luis Ibarra (PSOE). Ninguno de ellos se responsabiliza de las irregularidades y se culpan mutuamente.

La obra arrancó con Emilio Mayoral, quien tuvo de segundo, como director a José Miguel Pintado, quien tiene un estrecho vínculo con FCC. Pintado fue gerente durante años de esta empresa en Canarias y entre 2008 y 2015 fue apoderado de FCC al tiempo que directivo, durante varias etapas, en el Puerto.

Entre 2007 y 2011 entra en la presidencia Javier Sánchez Simón, que tiene como director a José Daniel López. Durante esta etapa continúan las obras y ya empiezan a detectarse ciertas irregularidades. De hecho, es López el primero que eleva a Puertos del Estado en marzo de 2013 y cuando ya no es director un informe en el que dice que la UTE debe devolver más de un millón de euros a la Autoridad Portuaria por incumplimientos.

El socialista Luis Ibarra fue nombrado presidente del Puerto en agosto de 2011 y tres meses después, nombra de nuevo a Pintado director del Puerto. Unos meses después se procede a la recepción de la obra. Entonces el Puerto aprueba pagos al contratista por importe de casi seis millones de euros, sin que en ningún momento se pusieran de relieve las irregularidades.

Bajo la dirección de Pintado, además, se retira a la UTE, encabezada por FCC, la penalización de cuatro millones de euros por el retraso de las obras que había impuesto Sánchez-Simón.

En ningún momento se le pide a la UTE devolver dinero. El equipo de Sánchez-Simón había cuantificado en 5 millones de euros la cantidad que debía devolver la UTE por la mala ejecución, una cifra muy similar a la que después determina Puertos del Estado (esta cantidad está hoy en litigio con las empresas). Un informe elaborado por la empresa Trama solo apuntaba a 500.000 euros.

Ibarra es quien se encarga de acudir a la vía judicial. En ese camino culpa a Sánchez-Simón y López de todas las irregularidades. Ambos lo niegan y argumentan que ellos siempre se negaron a pagar a la UTE y defendieron sancionarla por la mala ejecución.