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El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, José Carlos Francisco, ha dicho este martes que hay justificación y antecedentes para pedir al Estado que las empresas canarias coticen menos por sus trabajadores a la Seguridad Social, una reducción que podría tener un coste para el Estado de entre 780 y 3.500 millones de euros, según el porcentaje de bonificación que se aplique.
Francisco ha comparecido en una comisión del Parlamento de Canarias para exponer su parecer sobre la propuesta del Gobierno de Canarias de que se reduzcan las cotizaciones a las empresas que paguen sueldos por encima de lo establecido en el convenio y ha considerado que sería una medida beneficiosa.
El presidente del CES, que ha matizado que habla a título personal porque este asunto no se ha debatido en el Consejo, ha apuntado a tres beneficios económicos que a su juicio supondría una reducción de las cotizaciones a las empresas: mejores salarios, un aumento del PIB per cápita y mayor capitalización de las empresas, en definitiva «un aumento de la productividad».
José Carlos Francisco ha señalado que si Canarias pide al Estado una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para sus empresas habría que negociarlo con el Gobierno y las demás comunidades autónomas, y posiblemente dirán que la caja de la Seguridad Social es única y las contribuciones deben ser iguales para todos.
El contraargumento para Canarias sería que una medida así permitiría subir los salarios, que son los más bajos de España, que mejoraría el Producto Interior Bruto por habitante y que las empresas mejorarían su capitalización e inversión.
Esa mejora de renta para salarios y empresas se quedaría en Canarias y tendría «un efecto multiplicador» en su economía.
El presidente del CES señaló que hay antecedentes a los que se puede apelar a la hora de pedir reducciones en las cotizaciones, y citó el caso aprobado en 2023 para las zonas despobladas de España o la reducción de cotizaciones para los autónomos que empiezan su actividad.
«Así que el principio de unidad de caja ya se ha roto antes», además en «situaciones asimilables a lo que plantea el Gobierno de Canarias», dijo José Carlos Francisco.
Sobre cómo se aplicaría esa reducción de las cotizaciones, José Carlos Francisco defendió que sea un sistema «sencillo, fácil y controlable administrativamente», para que no sea más cara su implementación que sus beneficios.
Según los cálculos que aportó, el coste para la Seguridad Social de aplicar un 10% de bonificación a las cotizaciones de las empresas canarias sería de unos 780 millones de euros. En el caso de que la bonificación fuera del 50% el coste sería de 3.500 millones.
«Puede que dentro de esa banda al Gobierno central le pueda parecer que es un coste razonable», comentó Francisco.
El presidente del CES comentó además la reciente creación del Consejo Canario de la Productividad, una iniciativa que apoyó para que administraciones y agentes políticos y sociales trabajen en común por mejorar la productividad, que en todo caso solo progresará a medio y largo plazo.
Reconoció que la baja productividad de la economía canaria no es achacable solamente a los trabajadores, sino que también las empresas y las administraciones públicas tienen responsabilidad.
«La culpa la tenemos todos, es un tema de todos. Recomiendo que se vaya al Consejo sin apriorismos, a trabajar conjuntamente, porque es un tema complejo y no es fácil», comentó.
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