Los autónomos pagarán 1.000 millones con el negocio parado

Si bien el Gobierno ha incluido entre sus medidas aplazamientos en el pago de impuestos, no ha sucedido igual con las cotizaciones sociales. Por ello, ATA trasladaba ayer su reivindicación de suspender las cuotas de marzo, abril y mayo. El Gobierno señala que aunque lo que se ha aprobado hasta el momento era lo más urgente, no descarta tomar más medidas.

Todas las empresas

No sólo los autónomos, todas las empresas tendrán que hacer frente al pago de las cuotas a la Seguridad Social en un momento de «hibernación» de la actividad económica. Tomando como referencia los pagos presupuestados por la Administración para los empleadores en el año 2019 (72.583 millones de euros), se estima que en un mes la factura por este concepto supera los 6.000 millones.

Pese a la posibilidad de aplazamientos que da Hacienda para el pago de impuestos, al estado de alarma y a la vuelta de tuerca que el Consejo de Ministros dio a la orden de confinamiento, hay compañías que tienen que hacer ahora frente a sus obligaciones con el fisco. Ayer vencía el plazo para hacer frente al pago del IVA de febrero. En particular, para las compañías que no pueden diferir el impuesto: las que tienen volúmenes de facturación superiores a los seis millones de euros -que tuvieron que acogerse al sistema inmediato de información de este tributo con este plazo-, así como las compañías con ingresos inferiores a esa cifra que se apuntaran a este modo de información, además de las que se incorporaron a la fórmula de devolución rápida, enumera Luis del Amo, del REAF.

Los autónomos y el resto de empresas pagan el impuesto sobre el valor añadido entre el 1 y el 20 de abril. Se trata, según Jesús Sanmartín, presidente del REAF, esencialmente, de las pequeñas empresas, las que sí pueden diferir el pago de este impuesto en hasta 30.000 euros durante seis meses y con tres meses sin intereses. De acuerdo con Sanmartín, hay mucho nerviosismo entre las compañías, que han desarrollado en las últimas semanas una actividad económica muy desigual. Y prevé que haya muchos aplazamientos en el pago, lo que, en la práctica se traducirá en cambios en lo que a los acreedores se refiere: igual algunas empresas pagan a un proveedor y, a cambio, contraen una deuda con Hacienda. Aunque los expertos del REAF declaran que no ha habido incidencias en las retenciones a cuenta de los rendimientos del trabajo efectuados por las empresas correspondientes al mes de febrero, cuyo plazo expiró el 20 de marzo. En todo caso, los expertos señalan que está habiendo muchas dificultades para hacer declaraciones fiables, porque a veces falta información «buena».

Aunque el verdadero test sobre la capacidad de pago de impuestos para las empresas es el pago fraccionado de Sociedades. Si bien las empresas con facturación inferior a seis millones de euros pueden diferir el pago, las que entre ellas no se hayan incorporado al sistema de bases, pueden verse en dificultades, puesto que si bien contarán con tres o seis meses más para abonar el impuesto, cuando les llegue el momento, tendrán que pagar el 18% de la cuota íntegra de 2019, a pesar de que al menos en la primera mitad de 2020, su actividad probablemente habrá caído mucho.

Sin embargo, lo que abonen de más, las empresas lo recuperarían en 2021. Del Amo sugiere abrir un nuevo plazo para cambiar la opción del pago del impuesto al sistema de bases, al que están acogidas las grandes compañías, y que implica que si su base imponible baja en este primer trimestre, también se ve mermada su factura fiscal. En el primer trimestre de 2019, las grandes empresas pagaron 4.146 millones de euros en los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades. Las pymes, 636 millones.