La construcción y la industria volverán a trabajar después de la Semana Santa

El decreto publicado el domingo pasado a medianoche en el BOE obligaba a todas las empresas «no esenciales» a paralizar su actividad, o mantenerla bajo niveles mínimos, hasta el próximo día 9, Jueves Santo. De esta forma, se «anticipaba la Semana Santa», ha recordado Pedro Sánchez, al establecer un permiso retribuido recuperable, según dictaba el decreto ley, por el que las empresas debían dar vacaciones a sus empleados y asumir el sueldo en estos ocho días hábiles.

Hace una semana el Gobierno decidió esta nueva restricción de actividad económica, que se unía al propio estado de alarma por el que se obliga al confinamiento en casa, para que la movilidad a diario pudiera caer a los niveles de un fin de semana o festivo. «Fue una decisión crítica que se hizo para controlar algunos aspectos que preocupaban a la comunidad científica» sobre la propagación del coronavirus, ha explicado Sánchez. Pero «una vez superado el rubicón de la Semana Santa, se puede recuperar el estado de alarma como estaba inicialmente».

La decisión de paralizar toda la actividad económica ha impactado directamente en buena parte de la industria química, siderúrgica y en toda la construcción, sorprendidas además por un decreto que consideraban «ambiguo» en sus planteamientos al no aclarar exactamente si podían seguir operando o no.

La controversia generada fue tal que incluso el Ministerio de Industria se vio obligado el pasado martes a publicar una Nota Aclaratoria indicando cuál era la interpretación del decreto a la hora de que una empresa pudiera seguir funcionando estas dos semanas de parada obligatoria legal.

En ese documento, que el departamento dirigido por Reyes Maroto hizo llegar a todo el sector, se permite a las empresas con contratos internacionales vigentes cumplir con sus obligaciones de exportación e importación de mercancías. Y lo hace «en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales». Perderlos habría costado miles de millones, aclaran en el sector.

El Ministerio aclaró también que las plantas no esenciales con problemas para su vuelta al funcionamiento si se paran, podrán mantener esa «actividad mínima imprescindible», a través turnos de trabajo o número mínimo de plantilla, como si se tratara de un fin de semana.

Fueron los dos principales puntos que Industria puso sobre la mesa para atender las quejas de todo un sector (siderúrgicas, químicas, cementeras, papeleras...) que el domingo por la noche se fueron a la cama sin saber si podrían seguir operando durante estas jornadas o no ante lo que consideraban que era una ambigüedad del decreto del BOE.

El parón industrial no fue muy bien recibido en algunas comunidades autónomas, que veían cómo su actividad básica se venía abajo en apenas unas horas ante la complejidad de mantener ese estado al ralentí o volver a reactivar las fábricas en dos semanas. En Asturias, por ejemplo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, indicó que el decreto «permite hacer una interpretación favorable a la industria asturiana», tal y como acordaron la Consejería de Industria y la Delegación del Gobierno para detallar un listado con una treinta de empresas industriales que podrán mantener su actividad.

Por su parte, el Gobierno Vasco indicaba el martes que se había establecido «una línea caliente de comunicación» con el Ministerio de Industria para intentar aplicar en Euskadi con cierta «flexibilidad» las medidas recogidas en la norma sobre hibernación, especialmente en el sector industrial. La nota del Ejecutivo llegó después de una intensa negociación entre el gabinete de Iñigo Urkullu con el de Pedro Sánchez.

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno ha anticipado que el Ejecutivo trabaja en un plan para recuperar gradualmente la actividad económica y social del país «tras el bestial impacto ocasionado por la crisis» una vez se logre contener la epidemia. Aunque no ha aclarado los términos de ese proyecto, sí ha anticipado que «para poder garantizar las rentas» de los ciudadanos que más hayan sufrido con esta crisis, la economía española «se va a tener que endeudar» y que deberá «detraer recursos económicos a las generaciones futuras».