Los interinos con cinco años en el mismo puesto serán funcionarios

Esta especie de 'puente' ha sido habilitado legalmente para estabilizar el empleo temporal en la Administración -en torno al 30% de los trabajadores públicos son temporales, frente a menos del 25% en el caso de la empresa privada-, lo que podría afectar a unos 300.000 interinos de larga duración que hay en España, según los cálculos del Gobierno. Aunque en los sindicatos elevan esa cifra hasta los 800.000.

En cualquier caso, este cambio en la ley no supone acceder directamente a una plaza sin pasar por ningún trámite oficial. De hecho, pueden surgir algunos baches en el camino del interino. Se trata de que puedan disponer de un concurso de méritos (con puntos que se establecerán en cada caso por la Administración correspondiente según experiencia, entre otros) para asegurarse su plaza de funcionario, sin tener que concurrir a un concurso-oposición, midiéndose a otros trabajadores externos que no habían mantenido relación laboral con esa administración. Deberá ser, eso sí, antes de que finalice el año 2024, el plazo que determina el pacto entre los dos partidos del Ejecutivo y los socios nacionalistas vasco y republicano catalán con los que han llegado al acuerdo después de varios meses de intensas negociaciones.

El articulado de esa ley explica que se autoriza una «tasa adicional para la estabilización de empleo temporal» que incluirá las plazas de naturaleza estructural que «hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020». Es decir, a contar desde 2016 en los cinco últimos años. Ahí reside otra de las dificultades porque muchos empleados públicos suelen encadenar contratos para un mismo puesto, pero no se encuentran ejerciendo su labor sin interrupciones laborales. En cualquier caso, ese artículo (el 61.6 de la Ley) contempla la posibilidad de, «con carácter excepcional», hacer funcionario de carrera a una persona por el sistema de concurso, «únicamente en la valoración de méritos».

Además, para garantizar la cobertura jurídica, se establecen tres condiciones para poder acceder a una de estas plazas de funcionarios. En primer lugar, que se trate de una situación excepcional; que solo se acuda a este tipo de procedimientos por una sola vez, ya de otro modo se perdería su condición de excepcional; y se exige que cada Administración que lo haga desarrolle su propia ley. Además, se incluye la novedad de que el acceso a la plaza será posible, vía méritos, independientemente de que durante esos últimos cinco años la Administración hubiera convocado o no una oposición en ese ámbito.

El pacto supone rebajar a la mitad el periodo de 10 años inicialmente planteado por el Ministerio de Hacienda, a la hora de regularizar a interinos.La propuesta de hacer indefinidos a los interinos que llevaran 10 años en su puesto fue una concesión de la ministra de Hacienda para lograr ver aprobado el decreto ley destinado a reducir la temporalidad en la función pública.

Otra de las novedades que incluye el pacto legislativo es que se extenderá esta condición de cinco años ininterrumpidos en el mismo puesto interino para acceder a una plaza fija «a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público».

Entre otras novedades, las instituciones podrán convocar concursos de oposición extraordinarios para estabilizar interinos que no entren en ese cupo de los cinco años y podrán provocar que las fases de ese proceso no sean eliminatorias entre sí. Esto tendrá impacto en los interinos con más de tres años de antigüedad, pero menos de cinco. O para aquellos con carreras en la Administración intermitentes. Además, esos concursos de oposición darán un peso de hasta el 40% a la experiencia, lo que favorece a las personas que ya estén previamente en la institución como eventuales, sobre los nuevos.

El pacto llega después de las advertencias lanzadas por algunos sectores acerca de la posible inconstitucionalidad de una norma que prioriza a unos ciudadanos frente a otros a la hora de acceder a un puesto de la Administración.

Las distintas sentencias tanto estatales como europeas acerca de la necesidad de estabilizar el trabajo de los interinos públicos llevó al Gobierno a anunciar antes del verano la que será una avalancha de oposiciones en los próximos meses para convertir en fijas esas aproximadamente 300.000 plazas de empleo público que en la actualidad están ocupadas por interinos pero que consideran que tienen carácter estructural. Era la primera vez que desde Moncloa ponen cifras a cuántos empleados públicos temporales ocupan un puesto que debe ser estable.

El objetivo es que estos trabajadores eventuales, muchos de los cuales llevan años encadenando un contrato tras otro, se conviertan en personal fijo de las Administraciones Públicas como tarde a final de 2024. Y para ello, Iceta anunció que llevarán a cabo un «proceso de estabilización» que culminará los que ya se iniciaron en 2017 y 2018 y que será el «más ambicioso» de los que se han realizado. Además, se marca un plazo muy limitado de tiempo: las deberán convocar este mismo año, ya que, con objeto de evitar más retrasos, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas en el plan de recuperación que «los procesos de estabilización (los ya existentes y los que se añadan a estos) deban producirse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2021 y que la ejecución deba finalizar antes del 31 de diciembre de 2024».