María Jesús Montero, ministra de Hacienda / EFE / Video: EP

Hacienda suspenderá la regla de gasto a los ayuntamientos

El Gobierno prepara un decreto que incluirá el 85% de las medidas que contenía el texto que no fue convalidado en el Congreso la semana pasada. Queda pendiente la cuestión de los remanentes, respecto a los que el Ejecutivo espera propuestas de los partidos para estudiarlas

Cristina Vallejo
CRISTINA VALLEJO Madrid

El Gobierno ha decidido suspender la regla de gasto a los ayuntamientos, con lo que éstos podrán tender acceso a su superávit. Ésta ha sido la reacción del Ministerio de Hacienda al histórico rechazo que sufrió la semana pasada en el Congreso de los Diputados a su propuesta de que los municipios cedieran al Estado sus remanentes a cambio de un fondo de 5.000 millones de euros que se repartiría entre este año y el próximo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que la intención del Gobierno es aprobar un nuevo decreto ley que recoja hasta el 85% de las medidas que se incluían en el decreto que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados la semana pasada. Entre esas medidas, se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. Además, se prorrogará el uso del superávit de 2019 para inversiones financieramente sostenibles y se concederán mejores condiciones financieras para ayuntamientos con problemas económicos.

El Gobierno cifra la batería de medidas en más de 3.000 millones de euros. Y, con ello, «reitera su compromiso con el municipalismo en un momento de crisis por la pandemia», señala Hacienda en una nota.

Entre las medidas que incluirá el decreto no se contempla la relativa a los remanentes municipales y su cesión, «porque no hay consenso entre los grupos parlamentarios ni tampoco con los ayuntamientos». Respecto a esta cuestión en particular, Hacienda espera «propuestas alternativas» que propongan los partidos políticos para estudiarlas. Asimismo, el departamento que dirige María Jesús Montero «lamenta» que la solución aportada para el uso de los remanentes «no haya sido aprobada» y «reitera su disposición a escuchar las propuestas alternativas que realicen las formaciones políticas».

De esta manera, Hacienda incorpora al nuevo texto normativo «las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso». Desde el Gobierno señalan que se es «consciente de la importancia de los municipios para abordar la fase de reconstrucción económica y social del país, al ser la administración más cercana a los ciudadanos». De ahí que el equipo de Montero recupere «las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos» y que ya estaban incluidas en el texto que la semana pasada no fue aprobado por el Congreso de los Diputados, el primer decreto que no pasó el trámite parlamentario en la actual legislatura y el tercero de toda la época democrática.

Con mayor detalle, Hacienda está dispuesta a habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones de euros. Mientras tanto, la prórroga del uso del superávit para el año 2020 para financiar inversiones financieramente sostenibles tendrá un impacto de otros 987 millones de euros. Además, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, lo que supondría otros 621 millones de euros.

En virtud del nuevo decreto, se dará permiso a las Diputaciones provinciales que puedan salir en ayuda de los municipios con problemas: podrán formalizar préstamos con esas entidades locales y destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, era conocedor de esta propuesta de Hacienda desde el pasado sábado y había convocado la reunión de la junta de portavoces del organismo para hoy mismo con objeto de compartir la propuesta con el resto de grupos políticos que forman parte de la FEMP.

Tras el intercambio de opiniones con el resto de representantes de los demás partidos, Abel Caballero ha afirmado que se «ve bien» la iniciativa del Ejecutivo, según ha comunicado en una rueda de prensa tras la reunión, aunque ha afirmado que la «quiere conocer en detalle». «Hacienda ha tenido una enorme capacidad de reflejos para intentar resolver los problemas del 'no' del pasado jueves», ha valorado Caballero, en referencia a la votación parlamentaria que no convalidó el decreto. «El decreto del Gobierno retoma la buena dirección», ha añadido, para apuntar también que el texto implica que los ayuntamientos contarán con más recursos y que se podrá seguir negociando el fondo de los 5.000 millones. Caballero ha argumentado que hay acuerdo en que el fondo de los 5.000 millones se mantenga («toda la FEMP considera que el fondo es muy bueno», ha declarado), aunque en lo que hay discrepancia es en el modo de distribución.

Caballero ha reivindicado, sin embargo, que en el nuevo decreto del Gobierno se incorpore el fondo de compensación a la reducción de los ingresos del transporte, que estaba dotado con un máximo de 400 millones de euros.

El alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha calificado el anuncio del Ministerio de Hacienda de «rectificación» y de que era «necesaria», aunque «no suficiente», ya que no recoge fondos extraordinarios de ayudas para todos los ayuntamientos. A su juicio, la «rectificación» de Hacienda es «mínima» y se olvida de lo que en su opinión es lo esencial: el fondo de los 5.000 millones y el que se planteaba para paliar la pérdida de ingresos en el transporte público a causa de la pandemia.

Motivos del veto

¿Qué son los remanentes de tesorería de los ayuntamientos? Reflejan la situación de liquidez de una entidad local al cierre de un año, es decir, es el dinero disponible para financiar gastos que resulta de la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, de los que serestan las obligaciones de pago. Es una suerte de acumulación de todos los ahorros pasados de los ayuntamientos, incluidos los superávits. Se calcula en más de 15.000 millones de euros el volumen de remanentes de los consistorios españoles.

¿Por qué los municipios no pueden gastar sus propios ahorros? Por varias razones. En primer lugar, la Constitución, después de la reforma del artículo 135 en el verano de 2011 consigna que «las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario». Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, conocida popularmente como 'ley Montoro', dado que se aprobó con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, establece en el artículo 11 del capítulo III que «las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario». Ello impone un primer límite a lo que pueden gastar los ayuntamientos: sus gastos no pueden superar a sus ingresos (y los ahorros no se consideran tales). Pero, además, la Ley de Estabilidad incorpora una regla de gasto que implica que el gasto de cada ayuntamiento no puede aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB. Y existe una restricción más: cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, éstos no se deben destinar a financiar nuevos gastos, sino que se han de dedicar a reducir el nivel de deuda pública o al ahorro en depósitos. Aunque, de sobrar dinero tras haber atendido el servicio de la deuda, se pueden acometer inversiones «financieramente sostenibles».

¿Qué alivios, entonces, incorpora el nuevo decreto de Hacienda? Da cierto margen para un mayor esfuerzo presupuestario, puesto que suspende la regla de gasto para 2020 y da mayor flexibilidad para utilizar los superávits de años previos (2018 y 2019) en inversiones financieramente sostenibles. Si bien el mandato del equilibrio presupuestario sigue vigente: todos los gastos han de estar respaldados por ingresos equivalentes. Ello implica que sus remanentes siguen atrapados. Los 5.000 millones que ofrecía Hacienda a cambio de esos recursos superaban esa restricción dado que entraba en los ayuntamientos en forma de ingreso financiero, herramienta para esquivar incurrir en déficit.