La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / FOTO: EP | vÍDEO: ep

España cerró 2021 con un déficit del 6,9%, unos 18.000 millones mejor de lo previsto

Hacienda asegura que la mejora del saldo fiscal otorga la holgura suficiente para aplicar su plan anticrisis, pero descarta rebajas de impuestos

CLARA ALBA EDURNE MARTÍNEZ Madrid

El Gobierno rechaza aplicar rebajas fiscales para mitigar la pérdida de poder adquisitivo que sufren las familias españolas ante una inflación desbocada que en marzo llegó al 9,8%. Así lo reiteró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los datos de ejecución presupuestaria de 2021, que reflejan un notable ajuste del déficit hasta el 6,9% (incluyendo las ayudas financieras).

El dato compara con el 11% que se registró en el primer año de la pandemia. Y también mejora el 8,4% anticipado en un principio por el Ejecutivo. Montero apunta que esa diferencia entre el saldo final y el estimado implica un margen extra de maniobra de unos 18.000 millones de euros que permitirá, entre otras cosas, sacar adelante los 6.000 millones de euros de euros en ayudas directas previstas dentro del plan anticrisis para mitigar el impacto de la guerra.

Las bonificaciones a los carburantes -que las gasolineras podrán solicitar desde este viernes para recibir las transferencias a partir de la próxima semana- y las ayudas directas han sido la opción del Gobierno para hacer frente a la crisis, además de las rebajas fiscales prorrogadas en los impuestos de la factura eléctrica desde el verano pasado, ampliadas hasta el 30 de junio.

Según cálculos de Hacienda, desde que esta medido entró en vigor el pasado año, el 'golpe' recaudatorio será de unos 7.000 millones de euros, cifra que subirá a 12.000 millones si finalmente se extienden hasta final de este ejercicio.

Pero no habrá más alivio fiscal para el bolsillo de los ciudadanos. Montero rechaza la posibilidad de que la buena evolución de los ingresos y la reducción del déficit sirva para ajustar las tarifas del IRPF a la inflación, con el fin de evitar la subida de impuestos encubierta que algunos estudios cifran en unos 4.000 millones de euros.

«El Gobierno podría haber optado por este mecanismo en vez de por una bonificación a los combustibles. Pero hay consenso en que esta parte de la crisis había que desarrollarla con ayudas y no con rebajas fiscales», insiste la ministra. «El eslogan de que todo se soluciona bajando impuestos implica recortar el Estado del Bienestar y que impere la política del 'sálvese quien pueda'», explicó durante su comparecencia.

En el mismo sentido se manifiesta la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que este jueves en el Congreso aseguraba que las cifras de déficit ponen de relieve «nuestro compromiso fuerte con la responsabilidad fiscal». Pese a la actual situación de incertidumbre, y con una perspectiva a medio plazo, Calviño mantiene que el PIB recuperará su senda prepandemia en 2023, gracias al impulso del Plan de Recuperación.

El Ejecutivo también quiso mandar un mensaje de calma a los jubilados, asegurando que las pensiones no se revisarán a la baja, manteniendo el plan de actualización según el IPC medio -como marca la ley- comprendido entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Incertidumbre

Pese a ello, Hacienda se resiste a realizar estimaciones. El ministerio reconoce que la incertidumbre por la guerra es absoluta y aún tendrán que pasar unos meses para comprobar el impacto de las medidas aplicadas en la evolución de los precios. Unas medidas que supondrán mayor gasto del previsto este año pero que, si surten efecto y se logra limitar su impacto en la recuperación, permitirán mantener la senda ajuste del déficit.

De hecho, Montero confirmó que «en las condiciones actuales, el Gobierno está en condiciones de asegurar que cumplirá con los objetivos de déficit remitidos a Bruselas». Es decir, la ratio se situaría en el del 5% este 2022, repitiendo la mejora del pasado año. En concreto, la Administración Central asumió la mayor parte del déficit, con un agujero del 6%, mientras que las comunidades autónomas alcanzaron el equilibrio y los ayuntamientos repitieron superávit.

Por su parte, el déficit de la Seguridad Social fue de 11.192 millones, el más bajo desde 2013.La clave estuvo en los ingresos tributarios y por cotizaciones, con un incremento de más del 15% en los ingresos de la Agencia Tributaria (223.385 millones en total). Es la primera vez en 10 años que el Gobierno cumple con su previsión. «Esto no ha sido consecuencia de una política de austeridad, sino de la mejora de la actividad económica».

Algo que se reflejó en la subida del 7,5% en la recaudación por IRPF, mientras que el IVA -un tributo muy ligado a la evolución del consumo- mejoró un 14,5%. El incremento de beneficios empresariales también permitió una subida de casi el 68% en Sociedades. «Si se mira impuesto por impuesto, los más vinculados a la inflación no son los que tienen mayor crecimiento», indican desde el Ministerio, ante la posibilidad de que el impulso recaudatorio llegase de la mano del incremento de los precios.