El asalto saudí a Telefónica deja al Gobierno perplejo por la magnitud de la operación

Las telecos, en general, y Telefónica en particular han estado en el punto de mira de las inversiones de Riad (la capital de Arabia Saudí) desde hace tiempo. El 'shock' derivado de la pandemia activó las alarmas en los productores de petróleo, que comenzaron a buscar alternativas como la que ayer se materializó. Pero los movimientos han sido tan sigilosos en los últimos meses que ni el Gobierno ni el equipo gestor de Telefónica se habían percatado de la posible adquisición. «Han sido extremadamente discretos», apunta una fuente gubernamental a este periódico.

El grupo STC venía realizando gestiones silenciosas en los últimos meses; esperó a definir la operación tras las elecciones generales; y, sobre todo, aprovechó el parón de actividad de agosto para finiquitar la compra. Lo anunció en cuanto pudo: el martes, primer día hábil tras el festivo habitual del primer lunes de septiembre en EE UU, cuando se celebra el día del Trabajo.

El movimiento coincidió con la presencia de la vicepresidenta Nadia Calviño en Bruselas, donde se encontraba ayer para preparar el Ecofin de la próxima semana en Santiago de Compostela. Desde allí, la ministra trató de aclarar que defenderá los intereses de España, aunque al mismo tiempo dejó la puerta abierta a la necesidad de que los inversores inviertan en la economía. «Aplicaremos todos los mecanismos para garantizar los intereses estratégicos», indicó.

Consciente de la repercusión de la operación desde el punto de vista económico y empresarial -Telefónica cuenta con 100.000 empleados en todo el mundo-, la vicepresidenta aclaró que están «analizando» todos los factores de la operación. Porque la teleco es «estratégica para nuestro país». Por su parte, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, les acusó de estar «más pendiente de pactar amnistías que de atender a los intereses de las empresas españolas». Entre los socios de la coalición, con Sumar a la cabeza, exigen una regulación más estricta para evitar este tipo de casos. Y UGT, el principal sindicato de la operadora, considera que con esta operación la compañía «va a poder funcionar en buenas condiciones», según su secretario general, Pepe Álvarez.

La vía con la que cuenta Moncloa para condicionar la operación pasa por demostrar los intereses que tiene Telefónica en defensa a través de distintos convenios. El escudo 'antiopas' -la ley que habilita al Gobierno paralizar una compra de estas características- permite al Ejecutivo parar una adquisición si supera el 5% del capital si median negocios en materia de defensa.

Sin embargo, los propietarios de la operadora saudí han hilado tan fino que han separado la adquisición del paquete de Telefónica en dos tramos: un 4,9% inicial directo en acciones; y el otro 5% indirecto a expensas de la autorización que deba conceder el Ministerio de Defensa.

Tampoco la cúpula de Telefónica lo vio venir. Fuentes de la operadora indican que «toma nota de la aproximación amistosa» de STC al grupo y «de su apoyo al equipo directivo, a la estrategia de Telefónica y a su capacidad para crear valor». Pero la sorpresa fue de tal calibre que ayer mismo su presidente, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado, Ángel Vilá, emprendieron viaje a Arabia Saudí para reunirse con STC para tratar la nueva etapa que se abre con ese país ocupando un sillón del consejo.

En la operadora confían en que no haya grandes cambios en su estrategia de negocio. Se basan en el escaparate del comunicado de STC Group en el que daba su respaldo al actual equipo gestor casi de forma unánime. Pero fuentes del mercado bursátil recuerdan que una participación de casi el 10%, que representa más de 2.100 millones de euros, será cuanto menos tenida en cuenta a la hora de realizar cualquier movimiento no a corto, pero sí a medio y largo plazo.