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La llegada de la operadora saudí STC al accionariado de Telefónica tras adquirir un 9,9% de su capital social ha supuesto una jugada maestra que ni el actual equipo gestor de la compañía ni siquiera el propio Gobierno esperaban en una de las empresas estratégicas de la economía. El movimiento ha llegado tras una continua devaluación del precio de la multinacional en la Bolsa que le ha llevado a situarse en los 3,75 euros por título antes de que la compañía saudí realizara el anuncio.
Con su aterrizaje, cambian los ejes de poder en Telefónica y solo una actuación excepcional del Ejecutivo podría cambiar este movimiento si considerase que se pone en riesgo este negocio clave en datos, tecnología e incluso estrategia de defensa.
El sector de las telecomunicaciones sumaba años de debilidad en Bolsa, siempre a rebufo de los rumores de consolidación que finalmente no terminaban de concretarse. La agitación en el sector, y la mejora de resultados, ha permitido a Telefónica recuperar un 14% de su valor en Bolsa este año -contando la subida del 2,5% de este miércoles- tras un 2022 en el que perdió más de un 12%. Sus títulos cotizan a 3,85 euros.
Pero esa subida no ha sido suficiente para recuperar los 4,15 euros por acción que llegó a rozar de máximos del año a finales de abril. Desde entonces, la firma acumula un descenso de más del 7% en Bolsa. Una caída que se aceleró este verano tras perder al operador móvil virtual 1&1 como su primer cliente en Alemania, después de que esta compañía alcanzase un nuevo acuerdo con Vodafone, rival de Telefónica en el país germano.
El verdadero problema para la operadora es que la inestabilidad ha sido una constante en su cotización en los últimos años, a pesar del intenso proceso de reducción de deuda acometido por Álvarez-Pallete en los últimos años, y que tanto preocupa a los accionistas. Para hacerse una idea de la debilidad de su evolución -común a todo el sector en Europa- los 3,85 euros actuales están muy lejos de los casi 10 euros que el valor rozaba cuando Pallete asumió la presidencia. Y también de los 6,2 euros que rondaba antes de la pandemia.
Javier Molina, analista senior de mercados para eToro, reconoce que «con una capitalización cercana a los 22.000 millones de euros, adquirir un 10% como es el caso de STC Group, se antoja altamente eficiente dadas las características de Telefónica», apunta el experto. Sobre todo teniendo en cuenta que los 2.100 millones de euros que pagaría STC en la operación comparan con un valor de mercado del grupo de más de 49.200 millones. Es decir, a la firma árabe no le ha supuesto un enorme esfuerzo el desembolso teniendo en cuenta la elevada participación que conseguirá en la operadora española
Hasta ahora, los principales accionistas de Telefónica habían sido los bancos. En concreto, BBVA y CaixaBank. En el primer caso, la entidad presidida por Carlos Torres tiene casi un 5% del capital social (entre participaciones directas e indirectas), seguido por Caixabank (con un 3,5%); o el fondo de inversión internacional BlackRock, con casi otro 4,5%.
El brazo inversor de La Caixa, Criteria, ha realizado una inversión global en Telefónica que ha superado los 750 millones de euros desde 2017. Por ahora, el grupo saudí considera prematuro solicitar un asiento en el consejo de administración. «Aún estamos en las primeras fases de nuestra inversión y confiamos en el actual equipo directivo de Telefónica, por lo que es demasiado pronto para hablar de estos asuntos», apuntan fuentes del mismo.
Son dos los caminos por los que el Reino de España puede intervenir en alguna empresa estratégica si considera que se pone en riesgo una parte de la economía. Históricamente, podía hacer uso de la 'acción de oro': un porcentaje de participación en el accionariado que, aunque no sea mayoritario, le otorga derecho de veto ante decisiones clave. Enagás, Redeia, Airbus o Hispasat son algunas de las corporaciones en las que el Gobierno, a través de la SEPI, mantiene ese control indirecto.
En el caso de Telefónica, el Estado ya salió de su accionariado en el año 1999 tras culminar el proceso de privatización de la que históricamente fue una compañía pública desde su nacimiento. Solo podría impedir el movimiento de STC si considera que invade sectores estratégicos con esa operación. Por eso, está analizando sus implicaciones.
La última 'nacionalización' ha derivado de la pandemia. Desde entonces, la SEPI ha acudido al rescate de varias compañías en problemas como Celsa (550 millones de préstamo), Air Europa (474 millones), Técnicas Reunidas (340 millones), Hotusa (241 millones), Volotea (200 millones), Duro Felguera (120 millones), Tubos Reunidos (112,8 millones), Air Nostrum (111 millones), Wamos (85,2 millones) o Hesperia (55 millones).
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Borja Crespo, Leticia Aróstegui y Sara I. Belled
José A. González
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
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