Embalse e hidroeléctrica en el río Duero. / r. c.

La justicia europea avala que el impuesto eléctrico siga en la factura

El gravamen del 7% sobre la generación, con el que el Estado recauda 1.500 millones al año, es respaldado por el Tribunal de Luxemburgo para desesperación de las compañías energéticas

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

La Justicia Europea acaba de respaldar el impuesto a la generación eléctrica que se aplica en España desde el año 2013 y que supone un tributo del 7% a las compañías que indirectamente eleva la factura del consumidor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), máximo intérprete del derecho de la Unión, ha avalado el denominado como Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) al considerar que este gravamen no es contrario a las directivas europeas por las que varias empresas habían acudido a Luxemburgo para que aclarara su legalidad.

Con este aval comunitario, el impuesto seguirá en vigor para tranquilidad del Estado, que recauda cada año de media unos 1.500 millones de euros. El Ministerio para la Transición Ecológica esperaba esta resolución del TJUE para poder avanzar en la modificación de los impuestos que gravan el recibo eléctrico. De hecho, el departamento digirido por la ministra Teresa Ribera suspendió durante seis meses el cobro de este tributo cuando los precios de la luz se dispararon tras el verano de 2018. Esta medida se vio reflejada rápidamente en la factura, al ver reducido su importe sin el peso de este tributo por el que Hacienda dejó de recaudar entonces algo más de 700 millones de euros.

Uno de los principales puntos de la sentencia comunicada esta mañana es la consideración de que el IVPEE no es un impuesto indirecto, uno de los argumentos de los demandantes (la empresa renovable valenciana Seedlife). «No constituye un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad», señala la Justicia Europea. Para las compañías del sector, este tributo constituía en realidad un gravamen indirecto sobre la producción, algo que, de haberse validado jurídicamente, sería ilegal en la normativa comunitaria.

Las grandes generadoras (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y el resto de negocios sobre todo en renovables) afrontan el fallo europeo como un portazo para poder acabar con este impuesto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis financiera para hacer frente a un déficit eléctrico que por entonces sumaba 30.000 millones

Aunque el Reino de España siempre ha mantenido la idea de que este impuesto no afecta al consumidor, en realidad se suspendió en 2018 como medida para paliar la subida de la luz. Y tuvo sus efectos junto a la eliminación del céntimo verde, otra figura impositiva adicional del recibo. Las estimaciones entonces indicaban que el ahorro medio sería de entre seis y ocho euroe al mes, dependiendo de consumo de cada hora.

Este mismo mes de enero, con el alza de precios provocada por la borrasca Filomena, algunos sectores pidieron la suspensión de este impuesto para hacer frente al repunte del coste de la luz. Algo a lo que el Gobierno se negó por motivos recaudatorios. Ahora, con este aval, el Gobierno puede continuar con su anunciada reforma fiscal energética.

Fondo de Sostenibilidad

Una de esas acciones pasa por la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que el Gobierno aprobó a finales de año para que las compañías comercializadoras energéticas (eléctricas, gasistas e hidrocarburos) asuman una parte de los cargos que ahora se encuentran en la parte fija del recibo de la luz. En concreto, los que sirven para seguir pagando el coste de las primas a las instalaciones de renovables más antiguas, las impulsadas en la burbuja de hace más de una década.

La medida intenta «evitar subidas en el precio de la electricidad», según el Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes del departamento dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera calculan que al detraer esta parte de la factura, que deberán sufragar las compañías, su importe se reducirá una media del 13% durante los cinco años siguientes a la puesta en marcha del Fondo. También apuntan que si no se crease este mecanismo, los costes fijos del recibo aquellos que representan hasta un 40% de un recibo mensual) para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media del 6,5% en un sólo año.