La ley del teletrabajo pisa el acelerador

La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto muchos de los déficits de los que adolecía el país y uno de ellos es la escasa digitalización de las empresas y el hasta ahora casi inexistente teletrabajo. Pero este mes y medio de confinamiento lo ha cambiado todo y, en muchos sentidos, ya nada volverá a ser como antes. Una de las cosas que es evidente que tiene que transformarse será el trabajo en remoto, que, tras el auge que ha vivido en estos últimos meses –en los que se ha multiplicado por siete–, ha llegado para quedarse y necesita de una regulación.

Así lo admitió recientemente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya en su toma de posesión habló de esta ley como una de sus prioridades pero ahora ha pisado el acelerador para ponerla en marcha cuanto antes. «Con carácter inmediato vamos a articular una ley reguladora del trabajoa distancia que será ambiciosa», afirmó recientemente en una entrevista a este medio.

Y del dicho al hecho. Apenas dos semanas después de estas declaraciones, el Ministerio de Trabajo ha publicado un anteproyecto de ley de trabajo a distancia que estará sometido a audiencia púbica hasta el próximo 7 de julio. Previamente, el pasado martes, el Consejo de Ministros había aprobado ya un acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente de una norma que gusta a casi todos. Así, no debería encontrarse con demasiadas dificultades para ser aprobada en el Congreso, ya que parece gozar del consenso de los principales grupos parlamentarios. Incluso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió la semana pasada en la Cámara baja que si las preferencias de los ciudadanos pasan por el teletrabajo, se debe «permitir y facilitar» en el Parlamento la adaptación al mismo, si bien avisó de que hay constancia de que puede tener «efectos negativos» en la productividad. No está de acuerdo con esto la ministra de Trabajo, quien avanzó que en el «diseño rápido» que ya han hecho les «consta» que la productividad ha aumentado. Esto también se pone de manifiesto en algunos experimentos realizados en determinadas empresas, como AXA, que, tras realizar un estudio, concluyó que en los días de teletrabajo la productividad de esos empleados se incrementa un 28%.

También los sindicatos urgen a regularlo, aunque critican que se haya iniciado la tramitación sin que previamente se haya debatido en el marco del diálogo social y confían en que el Gobierno dé margen a la negociación. «No podemos continuar trabajando a contra reloj, asumiendo que no haya procesos de diálogos previos», se quejó Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Efectivamente, el Gobierno ha hecho todos los pasos previos para aprobar la próxima ley sin consultarlo previamente con los agentes sociales. Aunque, eso sí, abrió el pasado 6 de junio un periodo de consulta pública, que finalizó ya el pasado lunes, 22 de junio, para «recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma», enviando sus aportaciones al Ministerio de Trabajo. Pero esta forma de hacerlo no satisface a los sindicatos, que piden abrir una mesa en el marco del diálogo social y que no se tramite con prisa. Y mucho menos a la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, se opone a que el Gobierno «regule nada» y defiende que es «cada empresa» la que debe «autorregularse», tal y como declaró recientemente a este periódico. Y el pasado viernes dio un paso más al enterarse de que ya había un anteproyecto de ley: amenazó con que las empresas contraten en Portugal o Argentina si les imponen unas condiciones «imposibles» y les introducen «rigideces».

Así será la nueva ley

No ha sentado bien entre los empresarios que el borrador de la futura ley recoja que las compañías tienen que pagar «todos los gastos, directos e indirectos, que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia» en lo que tenga que ver con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. «El teletrabajo no puede salir gratis a las empresas», argumentó la ministra, que también abogó por hacer «una lista» de gastos y auguró que «es probable que vaya con facturas por partes proporcionales de suministros». Puso así de ejemplo el modelo suizo, donde la empresa paga una parte del alquiler. «Otra parte estará sujeta a la negociación colectiva», precisó. En este sentido, desde UGT consideran que la empresa debe compensar económicamente al trabajador por los gastos que le genera de luz, conexión a internet, mobiliario, etc., así como pide que asuma la disposición y el mantenimiento de equipos informáticos, conexión y demás material necesario para la prestación de la actividad laboral.

Otro de los aspectos más polémicos de la próxima regulación es que establece el «derecho al horario flexible». Así, el trabajador «podrá alterar el horario de prestación de servicios establecido respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y de descanso». Ya en el documento de consulta pública el Ministerio manifestó su objetivo de fijar unos «tiempos máximos de trabajo» así como unos «tiempos mínimos de descanso». En esta línea, desde UGT proponen que el tiempo de teletrabajo se establezca «no inferior a una jornada completa ni superior a cuatro días semanales».

De carácter voluntario, con registro de jornada y derecho a la desconexión digital, la nueva norma tendrá que debatirse ahora con los agentes sociales, aprobarse en el Consejo de Ministros y, por último, recibir el respaldo del Congreso. Aunque no hay fecha, el Ejecutivo quiere que vea la luz «cuanto antes».

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