El Estado se plantea dar marcha atrás a las regasificadoras

12/02/2019

Al rechazo de Competencia a la planta de Granadilla se suman ahora las reticencias del Gobierno socialista al proyecto de Arinaga. El secretario de Estado de Energía abogó ayer por estudiar su conveniencia en el contexto energético actual, muy diferente al que había hace veinte años

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Las Palmas de Gran Canaria

Casi veinte años después de que se solicitara la primera autorización administrativa para una planta regasificadora en el archipiélago la entrada de gas en las islas sigue siendo un proyecto lejano y cada vez más improbable.

Al rechazo expresado dos años consecutivos, en 2017 y 2018, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la construcción de la regasificadora de Granadilla (Tenerife), se sumaron ayer las reticencias del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al proyecto gasístico de Arinaga, cuya tramitación va más retrasada que la de Tenerife.

En una visita a Gran Canaria, donde acudió a la inauguración de unas jornadas sobre el nuevo cupo eólico, el secretario de Estado de Energía abogó por «evaluar» el nuevo contexto energético para determinar si actualmente es conveniente construir una regasificadora en la isla. Según indicó Domínguez en declaraciones recogidas por Efe, la situación hace 20 años, cuando se ideó el proyecto, «era distinta».

«Probablemente cuando se identificó ese posible proyecto no había la penetración de renovables que hay hoy, ni la que habrá dentro de unos años», indicó el secretario de Estado, quien abogó por evaluar la planta gasista de Arinaga con el nuevo contexto, «el de la transición de las energías fósiles a las renovables». Éstas han pasado de representar un 4% a un 20% en los últimos años y, con el nuevo cupo eólico, aumentará un 5% adicional, según las estimaciones del Ejecutivo.

Según señaló, Madrid está estudiando el proyecto de la regasificadora de Arinaga para determinar si tiene sentido ya que el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es, en sus palabras, «maximizar la penetración de las renovables en las islas. «Es uno de los proyectos que estamos estudiando junto a otros que tienen en común el objetivo de que contribuyan a reducir las emisiones que inciden en el cambio climático», manifestó.

El replantemiento que hace ahora el Gobierno de España a las regasificadoras en Canarias está en línea con las tesis del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que entiende que la entrada del gas en las islas nunca facilitará el crecimiento de las renovables sino que, al contrario, supondrán un freno y un retraso.

Competencia volvió a desaconsejar en noviembre de 2018, un año después del primer rechazo, la regasificadora de Granadilla al entender que no era un proyecto viable, ya que generaría más costes que ingresos para el sistema.

Aunque desde la Dirección de Política Energética y Minas del Gobierno de Canarias se defendió la regasificadora por el abaratamiento que el uso del gas supondría para la generación eléctrica de las islas gracias a la sustitución del gasoil, combustible máss caro, por el gas, Competencia considera que efectivamente podría haber ahorro en el sistema eléctrico pero a cuenta de aumentar el déficit del gasista y que supera actualmente los 1.000 millones de euros.

Además, Competencia sigue sin tener clara la demanda que tendría el gas y cuyo principal consumidor sería Unelco para la generación eléctrica. La construcción de las dos regasificadoras tendría un elevado coste: cada una supondría más de 271 millones de euros.

El Gobierno de Canarias sigue defendiendo el gas

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, volvió ayer a defender las regasificadoras en Canarias a pesar de las reticencias del secretario de Estado de Energía al ser una energía menos contaminante y más barata que el gasoil, que hoy sigue aportando el 75% a la generación eléctrica del archipiélago. «Nosotros seguimos en la misma línea, apostando por las renovables y al gas no renunciamos porque no podemos renunciar a contaminar lo menos posible», indicó Ortega, quien destacó que la última palabra para dar autorización o no a las regasificadoras de las islas la tiene el Gobierno de España.

«Nos parece bien que se estudie pero hay que tener en cuenta que, al igual que el contexto energético actual no es el mismo que el del año 2000, el de hoy no será igual que de dentro de unos años y que las renovables que instalamos hoy serán serán otras en un tiempo», indicó Ortega, quien insistió en que es al Gobierno de España al que le corresponde autorizar o no las regasificadoras.

«Nosotros tenemos claros nuestros objetivos. En primer lugar, apostamos por más renovables y los hechos demuestran este objetivo. En segundo lugar, más ahorro y eficiencia energética y en tercer lugar, utilizar en la medida de lo posible los combustibles menos contaminantes», indicó Ortega. Precisamente en este tercer objetivo es donde tiene cabida el gas y como forma de reducir el consumo de petróleo. El Gobierno se propone que en 2025 el 45% de la energía proceda de renovables y un 55% de otras fuentes. De este total, el objetivo es que un 22% lo aporte el gas y el resto el petróleo.

En los últimos cuatro años, durante esta legislatura, Canarias ha conseguido alcanzar el 20% de penetración de energías renovables frente al 8% del que partía en 2015. En el nuevo cupo eólico, que se fallará a finales de marzo y al que ya se han presentado numerosas solicitudes, se añadirá un 5% más. El archipiélago ha pasado de tener unos 320 megavatios de energía renovable a los más de 600 que tiene actualmente. De este total, la eólica supone 420 megavatios.