Castro: «El SEC se salta la ley de formación»

Es verdad que dicho RD 694/2017 deja lagunas normativas, que indica regulará en sucesivas órdenes ministeriales. Pero no es menor cierto que como no podía ser de otra manera, deroga todas las normativas anteriores y obliga al cumplimiento de lo no regulado en dicho RD, al cumplimiento de la normativa 718/2008.

El Servicio Canario de Empleo haciendo dejación de sus obligaciones, aplica para este año 2018 su primera convocatoria pública saltándole este marco normativo e imponiendo su propia directriz con consenso cero con los operadores de formación.

¿Cuál es el primer enfado?

Resulta increíble la prepotencia del Servicio Canario de Empleo. Con el paso de los años ella sabe que somos los centros privados de formación quienes únicos hemos aguantado los cambios, bamboleos y singularidades de una administración carente del concepto educativo y sobrada del concepto justificativo. Somos los que quedamos.

Actualmente el sector de centros privados de formación en sus diferentes iniciativas, puede estar gestionando más de 50 millones de euros anuales y son datos reales de por ejemplo el 2016 y 2017. Los ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, empresas no formativas, etc. han ido desapareciendo con motivo de las cada vez mayores exigencias estatales y autonómicas. Quedamos los centros privados de formación como empresas consolidadas del sector.

Hemos en este tema agotado la vía negociadora pero es curioso que este concepto pasa, porque no hemos tenido una sola reunión de la múltiples pedidas con los responsables de la subdirección de formación del Servicio Canario de Empleo, o sea no ha habido vía negociadora, ni tan siquiera se nos ha permitido explicar las cosas.

Se falta el respeto al sector, cuando ni tan siquiera se permite expresar su posición tan o más respetable que la propia imposición de la administración, a un colectivo que tiene este peso demostrado en los presupuestos anuales del SCE. Nuestros dirigentes asociativos han encontrado la callada por respuesta, antes aquellos que simplemente quieren trasladar sus inquietudes y mejorar la calidad y gestión de los fondos de formación en nuestra tierra.

En nuestras empresas el raciocinio nos marca que hay que escuchar a la organización y sobre todo a los clientes y las demandas e inquietudes que nos trasladan. El encerrarse como lo ha hecho el SCE en una urna de cristal, en una prepotencia no entendible y a la que no estábamos acostumbrados en épocas pasadas con incluso coincidente en parte de alguno de sus gestores, no le alejará de esta realidad.

Gran enfado ante la irrespestuosidad, falta de tacto y la más mínima norma de educación, de esta administración.

¿Tiene el SCE potestad para ello?

Según tres informes jurídicos presentados y singularmente un cuarto y último remitido a la administración hace escasos días que hace un detallado y riguroso estudio, no puede, ni tiene potestad para hacerlo. La propia intervención general de esta CCAA le indicó en el año 2012, que estas subvenciones gestionadas corresponde exclusivamente la competencia legislativa al estado y no a ninguna comunidad autónoma que solo cumple la función de gestionar lo transferido por el estado. Estas son ‘subvenciones gestionadas’ y desde el momento que se toca un solo párrafo que modifique, amplíe o altere lo regulado por el estado, se está intentando legislar, sin potestad legal para ello.

Nuestro último informe presentado es contundente desde el punto de vista jurídico, desde la derogación de la vieja normativa, la obligatoriedad de aplicar lo indicado por el RD 718/2018, la vulneración de lo indicado en la ley 20/2013 sobre la unidad de mercado y la imposibilidad de legislar en esta materia por ser competencia del estado. Desde el punto de vista técnico, lo irracional de la medida pues atenta contra la racionalidad del gasto recogidos en la propia ley y vulnera los convenios colectivos de formación no reglada firmados, estableciendo una perniciosa comparativa con el convenio de formación reglada en Canarias, arrogándose el SCE unas atribuciones que corresponden a las organizaciones empresariales y sindicales en el marco de negociación de los convenios colectivos de nuestro país y un intervencionismo fuera de lugar y no admisible por las empresas.

Se obstina en mantener el viejo modelo y la vieja normativa y como una simpleza supina impropio de un gestor, sin medir la consecuencia de sus actos, pretende aplicar algunos preceptos del nuevo RD y mantener otros de la antigua normativa, creando un perfecto Frankenstein cuya aplicación es inviable para los operadores.

¿Qué dicen los centros de formación?

Que ya no está dispuesta a soportar más imposiciones. En la época de Margarita Ramos antigua consejera de empleo socialista, el sector pactó con ella una serie de sacrificios en pro de la galopante crisis económica y la reducción del estado de fondos públicos del momento, con lo cual teníamos que ser todos consecuentes y hacer más acciones por nuestra tierra con menos recursos del estado. Fuimos responsables y consecuentes.

La crisis ha pasado o eso dicen, los niveles de fondos que llegan a Canarias en formación para el empleo incluso han aumentado con respecto a los mejores años económicos del sector gracias en parte a nuestros diputados nacionalistas y su negociación en los presupuestos generales del estado.

Lo malo siempre de aceptar una situación temporal, es luego recuperar la normalidad una vez superada esa temporalidad. Actualmente todos los operadores que gestionan fondos de formación asumen una multitud de gastos que no pueden imputar a dicha subvenciones de formación que son impuestas por el SCE y que provienen de cambios normativos estatales o cosechas propias canarias, creando con corsé donde cada iluminado que llega al sistema, le aplica otro apretón sin ver los ajustes de sus predecesores.

Es como el sketch de bofetadas para calmar una crisis de nervios: viene uno da la primera bofetada al afectado, viene el siguiente y zurra sin ver la dada por su antecesor y así sucesivamente, hasta que el sujeto realmente queda KO. Eso realmente es lo que le pasa a la formación profesional para el empleo y ya no aguanta más bofetadas y menos sus operadores. Actualmente KO técnico al sector.

¿A qué se refiere?

Pues llevamos desde esa época nombrada, realizando gratuitamente módulos de formación que nadie sabe por qué no se pagan, pues dichas subvenciones obligan en su concepción al pago del 100% de gastos generados. Aquel que tenga que ejecutar p.e. 10 cursos hace gratis 100 horas al SCE: profesorado, gestión, materiales, control de calidad, gastos de suministro, alquileres, etc. Gratis es gratis, no hay matices.

El propio sistema obliga a los centros de formación y a cualquier operador, el ser competitivo y dicha competitividad se basa en disponer de las máxima garantías de calidad (normas EFQM, calidad, medioambiente...). Solo en este capítulo nuestro centro se gasta más de 9.000€ anuales. Asimismo tenemos que mantener las plantillas intactas desde el final de una convocatoria hasta la siguiente asumiendo sin poder imputar dichos gastos más de un trimestre de personal que es el gasto más importante de estas empresas de servicios, además de alquileres, suministros y gastos generales. Nada de esto puede ser imputado a dichos cursos y no se puede prescindir de un personal formado y alineado con las especiales exigencias de esta administración. Su know how es insustituible fruto de años de aprendizaje.

La nueva ley todavía ahonda esta agujero económico. Anteriormente el SCE abonaba en 80% y 100% de forma anticipada dependiendo del proyecto los fondos necesarios para gestionar los cursos de formación. Actualmente la ley obliga al 60% máximo previamente y el 40% una vez liquidada, justificada y validada la subvención gestionada. Esto supone un altísimo grado de financiación propia por los centros, cuyos costes financieros de las entidades bancarias que adelantan estos porcentajes, tampoco son imputables a dichos cursos.

Hay que mejorar instalaciones renovando mesas, sillas, ordenadores, equipamiento técnico de cada especialidad, etc. y no hay partidas complementarias para actualizaciones docentes, sino todo con cargo a lo mismo.

Para finalizar en los últimos años a través del plan de seguimiento y evaluación publicado por el SCE, todos los centros de formación han tenido que reforzar sus plantillas de personal de jefatura de estudios y en altísimo grado. Se exige a los docentes documentar absolutamente todo y además de forma irracional y contra los básicos principios educativos.

Desde su punto de vista, ¿cómo entiende la formación el SCE?

Enganchando con el párrafo anterior gestionar la formación, no es otra cosa que educar en competencias facilitando la inserción profesional de aquellos desempleados que actualmente están fuera del mercado o de aquellos ocupados cuyo reciclaje y recualificación es fundamental para su sostenimiento de su puesto de trabajo. El SCE entiende la formación como un mero y simple ‘expediente administrativo’. Todos los operadores entendemos que estas ayudas para que los canarios crezcan profesional y humanamente pues también es nuestra labor el formar en habilidades sociales y fomentar individuos emocionalmente estables, vienen en concepto de subvenciones públicas y qué por ello deben justificarse ante los órganos concedentes. Eso no es cuestionable y siempre hemos apoyado y aplicado tales medidas.

Ello no quiere decir que se pierda el norte de estas subvenciones que vienen para educación y formación y nunca para quedar en un simple proyecto administrativo. Se exige a los centros algo subrealista. Que cada asignatura que demos esté todo en un papel, asignatura por asignatura (en la jerga del sector módulo formativo). Es decir que un docente comienza un curso y tiene que hacer fichas y fichas, recopilando todas sus actividades que va a hacer, poniendo en un papel absolutamente todo lo que hace y como lo hace. Hemos llegado a un punto de trabajo administrativo por el docente, mayor que el objeto de su propio contrato que es educar en competencias y habilidades. Este sinsentido recae realmente en el personal del centro de formación, pues los docentes la mayoría de ellos no están cualificados ni entienden los pormenores de estas exigencias de manual de despacho. Un cocinero, un frigorista, un soldador o un técnico de dependencia, no tiene ni incluso debe, en la mayoría de los casos poseer estas competencias, encontrándonos incluso docentes que ni dominan el uso de ordenadores, pues la formación para el empleo es amplísima en sus familias profesionales y no les es exigible. Todo eso recae en nuestras espaldas y además día a día con esta idea iluminada de presentación de toda la vida educativa en documentos administrativos módulo a módulo, supone un trabajo diario agotador y frustrante, pues tenemos constancia simplemente engrosa un expediente administrativo sin análisis posterior. Ahora lo que toca son expedientes al peso.

La formación actualmente está asfixiada y lo peor que la administración es inmune y sorda a las llamadas de atención del sector.

Actuaciones del sector

Lo primero ante la ausencia de un mínimo diálogo se dará a conocer a la opinión pública con diferentes medidas que decidirá el sector, estas supuestas ilegalidades a nuestro juicio del Servicio Canario de Empleo y la deriva perniciosa que lleva en los últimos tiempos, defenderemos nuestros derechos como empresas y cualquier convocatoria pública de este 2018 será impugnada y judicializada, medida que no gusta a los empresarios, pero que nos hemos visto avocados a realizar. Asimismo explicaremos a todos los grupos políticos presentes y no en el parlamento de Canarias esta realidad de esta administración pública, pues de todos es la responsabilidad.

¿Que plantea el sector de centros de formación?

Lo primero iniciar la senda del diálogo con nuestros representantes, con el objetivo inicial de buscar una solución pactada a todas las convocatorias públicas de formación de este 2018, analizar las convocatorias en curso actuales del 2017 y buscar fórmulas que no asfixien la educación y por último lo más importante avanzar en un sistema implantado en varias comunidades autónomas y que funciona con normalidad, que es el sistema de justificación por módulos económicos, que establece unas normas de la gestión de la formación que cumple con el objetivo de una educación fresca, sin desdeñar el cumplimiento de la correcta subvención y sus posterior justificación a órganos del estado.

El tiempo decidirá quien realmente trabaja, se preocupa y muestra entrega con la formación para el empleo en Canarias, modélica a nivel estatal en las memorias de valoración que hace el Sepe del cumplimiento de Canarias y reforzadas con el listado de regiones de la UE que más crean empleo y bajan el paro crónico, según las últimas publicaciones.

A algunos no les gustará, pero tenemos claro que todos los operadores de formación y por ende los centros privados de formación hemos sido responsables de esta realidad, de la mejora de la formación en Canarias y de la reducción de los índices de desempleados de nuestra querida tierra y.... ¿alguien lo duda?