Imagen de un grupo de jóvenes durante unas clases de español. / Acfipress

El Parlamento pide incluir en el IMV a los menores extutelados

La Cámara aprueba la PNL impulsada por los socialistas, que contempla el acceso a viviendas protegidas y la reducción en las tasas universitarias

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La desprotección de los menores tutelados por el Gobierno autonómico una vez alcanzada la mayoría de edad sigue siendo una tarea pendiente. La ley canaria no les ampara traspasada la frontera de los 18, a lo que se suman dificultades como la falta de permisos para trabajar.

En este contexto de vulnerabilidad, el Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley (PNL) que pide incluir a los extutelados hasta los 25 años como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

La iniciativa del partido socialista, pese a que no tiene un carácter vinculante, sí es una declaración de intenciones que ha aunado a todos los grupos. Pese a la carencia de una normativa territorial que genere ese marco de protección, se han dado algunos pasos.

La inclusión de una partida específica en los presupuestos de 2022, la red de pisos tutelados impulsada por los cabildos o la reforma del reglamento de Extranejería para flexibilizar los permisos –que ya ha beneficiado a casi 6.000 jóvenes a nivel nacional– son algunos ejemplos.

Sin embargo, esos alojamientos –que tienen por objeto acompañar a los jóvenes en su reciente emancipación– están condicionados a la inserción laboral de quienes viven en los recursos de acogida. Defendió la diputada Cruz Oval que esto genera una situación de desventaja entre los que viven con familias y se plantean continuar su proceso de formación académica más allá de la educación secundaria.

En este sentido, la propuesta también insta a incluir un cupo especial para este grupo en la adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública del Instituto Canario de la Vivienda. También, excluirlos del pago de las tasas universitarias, siempre y cuando inicien los estudios en los tres años siguientes a cumplir la mayoría de edad.

El grupo nacionalista, por su parte, añadió una enmienda para que el Servicio Canario de Salud atienda a los jóvenes extutelados como colectivo especial.

Inclusión social

El marco que se plantea responde a un problema estructural y que parte de la presión que ejerce la llegada de menores no acompañados a las islas. Actualmente, la comunidad autónoma tutela a alrededor de 2.400, de los que la mayoría están en dispositivos del Gobierno y un 17% en los Cabildos. En apenas los últimos cinco meses la cifra ha descendido en 400 tras haber cumplido la mayoría de edad.

Otros datos que ayudan a dimensionar la situación se rescatan de un informe de Cruz Roja sobre los extutelados: el 83,9% se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión; el 81,5% está en paro; el 84% no recibe ninguna prestación económica y el 10% se ve obligado a vivir en la calle o a realizar actividades ilícitas ante la falta de amparo para cubrir sus necesidades básicas.

El último informe de la Estadística Básica de Protección, a fecha de diciembre de 2019, también pone en perspectiva unas cifras que van más allá de la crisis migratoria del año siguiente. Recoge que en el archipiélago 1.804 menores eran beneficiarios de una medida de protección y, de estos apenas 373 tenían un acogimiento residencial entre la franja de 15 y 17 años.

Una vez cumplida la mayoría, señala la memoria, la medida de amparo les era revocada: en un 11,5% de los casos se debía al reintegro familiar y en un 11,8% a la red de familias de acogida. En cambio, un 26,4% se debía simplemente a la mayoría de edad, a pesar de que su situación de vulnerabilidad no había cambiado.

De hecho, los trabajadores sociales y expertos señalan que para muchos de ellos independizarse de manera temprana supone una doble presión, la de buscarse la vida y la de cuidar de familiares.

«La protección a la infancia es una prioridad, y queremos que el sistema no tenga caducidad» recalcó Cruz Oval. «Garantizar la inclusión social pasa por contar con cobertura legal, especialmente para los menores extranjeros no acompañados; disponer de apoyos sociales, fundamentalmente alternativas habitacionales y, finalmente, tener unos ingresos económicos».