Los contactos de la trama de presunta corrupción del caso Mediador con diferentes consejerías del Gobierno canario incluyeron la de Transición Ecológica. En concreto, la investigación ha acreditado al menos una reunión con el director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, José Domingo Fernández Herrera.
El objetivo era contar con la complicidad de ese departamento para el proyecto del empresario Antonio Bautista Prado de instalar placas fotovoltaicas en instalaciones ganaderas.
La comida tuvo lugar en el restaurante Cangrejo Colorao, en Fuerteventura. Acudieron el entonces diputado socialista por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo; el empresario Antonio Bautista Prado, conocido en la trama como 'el Curita'; el intermediario Marcos Antonio Navarro, y el citado director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Francisco Espinosa, cuando estuvo destinado en Las Palmas.
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Los tres primeros están en la lista de una docena de detenciones por el caso Mediador. Los informes policiales sitúan a Juan Bernardo Fuentes en la cúspide de la organización criminal, aprovechando para ello sus influencias como director general de Ganadería en el inicio de la presente legislatura autonómica y después como diputado nacional, cuando accede al Congreso en sustitución de Elena Máñez.
Los integrantes de la organización orientaban sus gestiones preferentemente hacia departamentos autonómicos controlados por el Partido Socialista. Fue el caso de Transición Ecológica y la Consejería de Sanidad, además de Ganadería, donde Taishet Fuentes, sobrino de Juan Bernardo, tomó el relevo de este como director general.
Bautista hizo varios pagos
En un informe fechado a comienzos de este mes, la Policía Nacional, hace un repaso de la investigación y señala que está «ampliamente constatado» el pago de «diversas dádivas y la dación de varias prebendas» por parte del empresario Antonio Bautista Prado a Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet Fuentes y el general Francisco Espinosa.
La «entrada de Bautista Prado en la trama criminal», prosigue el informe policial, «podría situarse temporalmente en agosto del 2020. Concretamente, al inicio de las conversaciones por WhatsApp entre Navarro Tacoronte y Bautista Prado datan de la fecha 24/082020». En ese diálogo abordan las pretensiones del empresario de constituir una filial en la Zona Especial Canaria. Así nace Cleanergetic Insular.
Su intención era instalar placas solares en explotaciones ganaderas y Fuentes Curbelo quería que una de las explotaciones con energía fotovoltaica fuese la de su familia, y todo ello de «forma gratuita».
Los investigadores hallaron varias fotos de billetes.
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En ese juego de influencias para conseguir contratos también participó el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, el único detenido que se encuentra en prisión. Con Espinosa se abordó la posibilidad de que utilizara sus contactos con relevantes empresarios de las islas para que sus instalaciones contasen con las placas fotovoltaicas de la empresa de Bautista.
Los investigadores llegaron a la siguiente conclusión: «Se ha demostrado la participación de Bautista Prado en la trama criminal, de la que se habría beneficiado al menos consiguiendo el contrato comercial para Canary Islands Car SL para Cleanergetic Insular SL, así como la orquestación de múltiples reuniones con distintos ganaderos y queseros de las islas para la presentación de su proyecto fotovoltaico, reuniones a las que incluso, en algunas ocasiones, acudió el propio Fuentes Gutiérrez en persona».
Nacido en Puertollano (Ciudad Real) en 1966, Antonio Bautista Prado fue detenido en Madrid. De su actividad empresarial, la Policía Nacional destaca su condición de administrador único de Cleanergetic Seers Solutions, matriz de Cleanergetic Insular y Cafe Au Light Group.
La constitución de empresas en la Zona Especial Canaria era otro de los servicios que ofrecía la trama, utilizando para ello una gestoría radicada en Fuerteventura y vinculada a la familia Fuentes.
Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera
La investigación del caso Mediador, con varias piezas separadas, fue desarrollada durante meses por la Policía Nacional y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de Canarias. La presencia en la trama de un mando de la Guardia Civil hizo que se requirieran los trabajos del Servicio de Asuntos Internos de la Dirección General de la Guardia Civil. En especial cabe mencionar el trabajo del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife para desentrañar la información acumulada en los móviles de Marco Antonio Navarro.
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