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Esta vez fue el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la capital grancanaria el que volvió a dar la razón a los vecinos de La Cícer en su lucha por expulsar la subestación eléctrica de Secretario Padilla. El juez desestimó el recurso de la compañía contra la resolución del Ayuntamiento que ordena la paralización de la actividad de transformación y distribución de energía eléctrica.
La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación, confirma la ilegalidad y la imposibilidad de regularizar las instalaciones de Endesa, tal y como se ha venido diciendo en fallos judiciales precedentes. De hecho, en los fundamentos de derecho, el magistrado recuerda otras decisiones judiciales firmes y cita la sentencia del 3 de julio de 2014, en la que se dilucida que «la consecuencia jurídica de la falta de licencia es la clausura de la actividad»; también la sentencia de 15 de julio de 2015 que confirma la anterior resolución; la de 16 de enero de 2015, donde se deja claro que «la licencia de apertura nunca se concedió y el uso al que se ha venido destinando la edificación ha sido siempre clandestino»; y finalmente el dictamen de 20 de abril de 2017 por el que se requiere «al responsable de la actividad para que lleve a cabo la paralización voluntaria en el plazo de un mes, con advertencia de clausura y precinto en caso de incumplimiento».
A estos razonamientos suma ahora el juez el argumento contra la advertencia de Endesa de los perjuicios que se derivarían del cierre de la estación. La sentencia retoma aquí las declaraciones de los peritos, quienes a preguntas del letrado de la asociación ciudadana para recuperar La Cícer, «admitieron que sería viable una programación en la que se procediera a la sustitución paulatina de la subestación o bien que también lo sería la de ampliar el resto de las subestaciones».
Endesa basó su advertencia del riesgo que representa para la ciudad la paralización de la subestación de La Cícer en un informe elaborado por dos docentes del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, el juez compartió la tacha efectuada contra estos dos expertos por parte de la plataforma ciudadana para la recuperación de La Cícer ante «la vinculación entre los peritos y la parte recurrente a nivel profesional y económico, siempre en relación de dependencia». El letrado de los vecinos aportó pruebas de donaciones, ayudas y premios de Endesa al departamento al que pertenecen los autores del estudio, además de apuntar que la compañía es patrona de la Fundación Universitaria.
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