La ciudad se libra de pagar por la estación de la Cícer

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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) libera al Ayuntamiento de la pretensión de Red Eléctrica de España de pagar el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer porque las instalaciones son ilegales e ilegalizables, como han fijado otras resoluciones judiciales previas.

Finalmente el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer no tendrá que ser abonado por los ciudadanos de la capital grancanaria. Una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha eximido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del pago de la mudanza de las instalaciones eléctricas que funcionan de manera ilegal junto a la playa de Las Canteras. Contra esta decisión judicial cabe recurso de casación, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la sección especial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  propio TSJC.

El fallo representa un ahorro considerable a las arcas municipales. Aunque no hay una cifra exacta de lo que puede suponer la operación -ya que dependerá del emplazamiento final que se determine para la subestación eléctrica-, las estimaciones municipales calculaban que se haría necesario unos 25 millones de euros; y un estudio de hasta ocho alternativas hecho por Unelco en 2010 fijaba el coste de la mudanza entre 6,4 y 8,8 millones de euros.

El TSJC desestima la pretensión de la titular de la instalación, de anular la aprobación definitiva de la adaptación del Plan General de Ordenación a las leyes de ordenación del territorio, por determinar que un agente económico privado sea el que pague el traslado.

Los magistrados desechan estas peticiones al considerar que la subestación eléctrica no solo es ilegal, sino que además es ilegalizable, como señalan sentencias judiciales previas, que han desestimado sistemáticamente las pretensiones de legalización realizadas por Unelco-Endesa.  «No nos encontramos ante una simple variación del tendido de una línea sin más, sino que el cambio o modificación del tendido está vinculado y trae causa de una situación ilegal e ilegalizable y de fuera de ordenación de la subestación de Guanarteme (no pudiendo legalmente permanecer ésta, por ende, en dicha ubicación». El Tribunal descarga a la Corporación de asumir el coste del traslado, puesto que fue Unelco la que en los años sesenta del siglo pasado puso en marcha sus instalaciones de manera irregular, razón por la que es la titular de la subestación la que debe afrontar el pago.

Durante el procedimiento, la asociación ciudadana para la recuperación de La Cícer reclamó que la variación de la línea eléctrica no debía ser asumido ni por el Gobierno de Canarias, ni por el Ayuntamiento. Su argumento, recogido en los fundamentos de derecho de la sentencia, es que «puede deducirse que cuando se señala a los agentes privados (en el Plan General, como fuente de financiación), en realidad se señala a la empresa titular de la estación ilegal (se refiere a Unelco-Endesa), que asumió pacíficamente tal determinación del plan, pues, aun conociendo sus determinaciones, no formuló alegaciones al respecto, ni ha impugnado el mismo».