«Llevo aquí 15 años y, desde luego, nunca lo haría», dijo sobre pagar por adelantado

«La forma de trabajar de Contratación con respecto a esos expedientes de emergencia que, además, los tramitamos justo en marzo y abril cuando estaba la crisis en su peor momento, era la siguiente: Hacíamos pedidos y una vez llegaban, el hospital lo recepcionaba con el sello y nosotras pagábamos. Ningún expediente se abonó por anticipado», declaró el 5 de mayo ante el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, en el marco de las diligencias preprocesales que llevó a cabo por el caso Mascarillas.

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En este procedimiento, figuran como investigados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y la exdirectora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez. También está investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales el administrador único de RR7 United SL, Rayco Rubén González.

Para la jefa que compareció en calidad de perito, la gestación del acuerdo con RR7 United SL se salió de la norma habitual utilizada con proveedores de material sanitario: «Con los que trabajábamos había una relación de confianza de administración con esas empresas. Nos conocíamos y nunca ninguna nos pidió un adelanto, que podríamos entenderlo, pero para hacerlo me hubiese estudiado bien la ley a ver en qué supuestos se podría. Pero no fue el caso, ninguna empresa nos lo solicitó», apuntó en contra de lo actuado con RR7, al que pagaron los cuatro millones por adelantado. «Llevo aquí 15 años y yo, desde luego, eso no lo haría nunca», añadió.

«¿Era necesario conocer algo más de la empresa a la que se le está adjudicando un contrato por cuatro millones?», le preguntó Ródenas. La funcionaria le respondió que ella, «si tuviese que tramitar lo que me está preguntando, me aseguraría y si tuviese que recomendar, no lo haría a una empresa que no conozco. Es peligroso», advirtió. «Si lo pasamos al ámbito doméstico, si tengo que hacer una compra, pues voy al Corte Inglés, no a un chino que no conozco».

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La primera vez que manifestó haber tenido conocimiento del acuerdo suscrito vía WhatsApp entre el SCS y RR7 United SL fue en una reunión que mantuvo con Ana María Pérez y otra jefa de servicio «que bajó a mi despacho y me contó lo que había pasado», contó. «Tampoco conocí que se pagaron los cuatro millones y que se inició el reintegro de fondos cuando lo vimos en el Boletín Oficial. Pensamos, vaya lío en que se ha metido quien haya hecho este expediente, como para pedir el reintegro de cuatro millones de euros».

Y, ¿había posibilidad jurídica de anular el contrato tras el primer incumplimiento?, le cuestionó Ródenas: «Partiendo de la base de que aquí no había un contrato sino una factura y correos... siguiendo la ley, si tú tienes un incumplimiento tienes dos opciones, o penalizar o resolver el contrato. Al hacer el segundo pago, resolvieron el contrato y con el primero, no consta que hayan hecho nada. Eso de seguir para adelante, tendrías que confiar mucho en la empresa. Yo no lo hubiese hecho. Yo pensé que era una empresa pirata porque esto no era normal. Es que lo que ha pasado no es normal», declaró.