Una jefa de Sanidad: «El contrato era una barbaridad, no se sostenía legalmente»

Al fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, le dijo con todo lujo de detalles, que investigó a la empresa RR7 United y apenas encontró nada: «No tenía página web, el domicilio social era en la calle Venegas número 2 y allí no había nada, ni una placa», explicó.

Además, contó que advirtió junto a otra jefa de servicio a la exdirectora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, que «resolviera el contrato» ante el primer incumplimiento, que «no había unas condiciones estipuladas, un plazo de entrega, ¡nada! Solo una factura proforma y varios correos» y que cuando vio «en el listado de pagos a realizar ese dinero, no entendí nada», declaró el pasado 10 de mayo.

La transcripción de la comparecencia de la funcionaria del SCS a preguntas del fiscal Javier Ródenas, dejó en evidencia su disconformidad con el proceder de la Administración en este asunto.

«Normalmente, pagábamos el 50%, llegaba el material, yo pedía los albaranes que se entregaban en los hospitales y la conformidad de que la mercancía había sido comprobada, y hacía el segundo pago. Ese era el mecanismo de pago. En el caso de RR7, me pasan un listado en el que veo que se ha hecho un primer pago de dos millones, hay una factura de cuatro y mientras nosotros estábamos esperando por la mercancía... Y la mercancía que no llegaba. Le pregunté a la directora que qué pasaba y me comentó que había que pagar todo por adelantado».

«Tengo varios correos en los que le digo –a Ana María Pérez– que no había llegado la mercancía para hacer los pagos. Me dice que, por lo visto, las condiciones de entrega eran con un pago por completo por adelantado. Se trataba de una excepción a la regla habitual. Me acuerdo que estuvimos en una reunión convocada por Ana María, otra jefa y yo para ver qué hacíamos con el segundo pago y la directora decía que teníamos que hacer el segundo pago y le respondí que no, que no podía ser porque la mercancía no constaba como recibida».

«Es que a veces a los políticos les molesta que los funcionarios les pongamos pegas. Ana María no es licenciada en Derecho, es economista, y les molesta la gente de nuestro perfil expertos en Derecho porque le parece que siempre le estamos poniendo problemas. Como que, de alguna manera, veía en nosotros una falta de colaboración cuando le decíamos que no se podía. Nosotros buscamos en internet y decía que era una compra/venta de vehículos, no tenía página web, el domicilio social era en la calle Venegas número 2 y allí no había nada, ni una placa ni nada. Le dije a Ana en la reunión que esta empresa, era una empresa fantasma, no existe, que había ido allí y no había nada. Que solo teníamos un correo electrónico de este señor Rayco. ¿Cómo le vamos a hacer un pago a esta empresa?».

«Es que este señor parece –en referencia al investigado Rayco González– es un intermediario, ni siquiera la persona que hace el pedido a 3M. Advertí esto y ella lo justificó con que esas mascarillas eran, poco más o menos que imprescindibles, cuando jamás antes se había hablado de 3M. No lo entendía. Que era el fin del mundo si no se compraban esas mascarillas y ya tenía esa percepción de que pensaba que había falta de colaboración por mi parte. [...] A mí no me entraba en la cabeza esa forma de proceder y lo estaba pasando mal. No me gustaba cómo se estaban haciendo las cosas. No sé si había o no algo detrás, pero sí puedo decir que no había una cierta coherencia».

«Le comentamos a Ana María que no hiciera ese pago y, si había tanto interés en el SCS por hacerlo, al menos que lo llevara al Gobierno y que estuvieran enterados y no pareciese como algo de ella. Por lo visto lo habló con una jefa de servicio del Gobierno y le respondió exactamente lo mismo que nosotras, que ni se le ocurriera hacer ese segundo pago. No hubo manera, no lo llevó a Gobierno y me pasó un informe de Programas Asistenciales que, poco menos, la directora general decía que esas mascarillas eran imprescindibles. [...] Yo se lo advertí, le dije que podía tener problemas más adelante por este expediente y, de hecho, yo le dije que no quería llevar más compras de material Covid porque no me gustaba la manera de actuar. Pagar a una empresa por adelantado, sin ningún tipo de garantía, una empresa que no se dedicaba a eso, un intermediario, que no sabemos dónde está. ¿Cuatro millones? Yo, como interventora, siempre miraba dónde se gastaba el dinero y, para mí, esto era inconcebible».

«Es que no había ni contrato, solo un correo y una factura. Cuando se dice de resolver el contrato, ¿qué contrato vas a resolver? No había unas condiciones estipuladas, un plazo de entrega, ¡nada! Una factura proforma y varios correos. Era todo lo que había.

«Primero por el importe tan grande, cuatro millones de una sola factura a una empresa, no recuerdo otra vez que se hiciera así. Y luego, que todo fuera por adelantado. Hasta ese momento, jamás hice un pago de una cantidad tan grande por adelantado y sin entrega de material».

«Hago el segundo pago tras la insistencia de Ana María y, a partir de ahí, le dije que no iba a seguir llevando los pagos de material Covid. ¿Cómo me entero? Por una herramienta que hay en el portafirmas y veo que pasan la propuesta de resolución del contrato, que lo publican en el Boletín porque estaban en paradero desconocido... es que yo estuve en la calle Venegas y ¡no había nada! Mis temores se confirmaron».

«Una vez que un contrato está resuelto, no cabe modificación alguna porque ya no hay contrato. Esa modificación, desde mi punto de vista, no tenía ningún valor. Era como un intento de reconducir o salvar aquel dinero que se había entregado y que, creo yo, la empresa no estaba en disposición de devolver como ha pasado».

«Es una barbaridad. A mí me llama muchísimo la atención esa circunstancia y, una modificación de un contrato resuelto, no se sostiene legalmente. Ya no había contrato. Eso es lo que pasa que a veces los políticos quieren hacer estas cosas y viene un funcionario diciéndole que no se puede hacer y parece que le estás poniendo pegas, pero es que claro, alguien tiene que explicarles la legislación de contratos que hay que cumplir».