Una isla de más de 700 habitantes

Pese a su adscripción administrativa con Lanzarote seguirá intacta -continuará dependiendo del municipio de Teguise-, lo cierto es que supondrá un cambio sustancial al pasar de siete a ocho las islas que componen el Archipiélago, fruto de la campaña iniciada en 2013 de la mano de los propios vecinos y elevada este martes a la Cámara Alta por el senador por Lanzarote y La Graciosa, Joel Delgado.

«A nivel redaccional del Estatuto de Autonomía estaba contemplada como islote no habitado, como Alegranza, Montaña Clara, etc», argumenta Miguel Páez, representante de la plataforma ciudadana La Graciosa Octava Isla. «Pasamos de cambios simbólicos a uno real. Ahora se puede decir que podemos tomar decisiones reales», agregó.

En este sentido, «supondrá poder decidir en cuestiones de limpieza, seguridad, organización de eventos educativos y culturales o de gestión de residuos. Seguiremos dependiendo de Lanzarote obviamente pero creemos que es una mejora que facilitará la gestión de la isla».

En similar línea se pronuncia Delgado, quien a su juicio, «esta nueva consideración traerá consigo mayores cuotas de autogobierno en las que avanzaremos con el trabajo de todos y con el consenso de las administraciones. Un nivel de autogestión sin perjuicio de su adscripción municipal. A partir de ahora, los vecinos podrán resolver cuestiones relativas a su gestión directa, autorizaciones de obra menor, alguna cuestión presupuestaria más inocua, pero en definitiva será un cambio importante tras varias décadas de reivindicaciones».

Mucho han cambiado las cosas en un enclave que tuvo que crecer inmerso en grandes limitaciones de suministros y con una ultradependencia de la isla vecina, como no podía ser de otra manera. Con más de 700 habitantes, este paraíso de la pesca submarina se ha convertido en un reclamo especial del turismo alternativo, con un flujo anual superior a las 250.000 personas.

Recientemente, la exministra Soraya Sáenz de Santamaría visitó la isla, quedándose maravillada por la singular realidad de La Graciosa. Sin calles asfaltadas ni alcantarillado, pero con suministro de agua y luz corriente. Con una «capital de facto» como es Caleta del Sebo y un segundo núcleo más vacacional como es Pedro Barba. En cuanto a infraestructuras, este idílico entorno contempla un pequeño ambulatorio, un puesto de policía local y otro puntual de la Guardia Civil, así como servicio de basura y gestión de residuos, un supermercado, un ambulatorio, un colegio, una iglesia y alumbrado público.

Dadas las limitaciones físicas, apenas puede crecer demográficamente la isla. El 95% de su superficie depende del Estado. A nivel de alcaldía, continúa adscrita a Teguise, mientras que el Cabildo de Lanzarote gestiona el parque natural, mientras que la zona de puertos y la reserva marina corresponde al Gobierno de Canarias.

«Salvo algunos solares que quedan en Caleta del Sebo, poco crecimiento podría tener a nivel poblacional», reconoce Delgado. «Hay que decir que la imagen de la isla se ha mantenido casi intacta en los últimos 25 años, y eso es digno de valorar. Antes se vivía de la pesca y ahora del turismo, por eso era importante adquirir este status para su reactivación, siempre dentro de unos parámetros respetuosos con su entorno medioambiental».

En la actualidad, La Graciosa tiene como representante a Alicia Páez (Coalición Canaria), quien ejerce como concejala de Teguise y responsable de La Graciosa, siendo considerada, en la práctica, como la alcaldesa pedánea.

Ahora tras su aprobación en el Senado, quedará llevar la moción al Congreso de los diputados para su posterior ajuste e incorporación al Estatuto de Autonomía.

Según ha defendido el senador del PP, Joel Delgado, ha hecho hincapié en que la iniciativa es original de un proyecto ciudadano que "sale de la calle, de la gente".

Por su parte, el socialista Julio Cruz revindicó el apoyo a la isla no solo en su condición de lugar habitado sino también cambiar en Canarias la protección medioambiental, dado la problemática que enfrentan las 750 personas que viven en ella. "Hay problemas de turismo, de movilidad, de gestión de residuos, energías, actividad ganadera. Hay que compatibilizar de una manera importante y clara los intereses ambientales y de los habitantes", ha defendido.

Mientras, Pablo Rodríguez Cejas (Coalición Canaria), resaltó la emotividad de la iniciativa y ha puesto en valor que «la reivindicación de La Graciosa haya generado consenso en las islas».