El Consorcio de Aguas propone un nuevo reparto del beneficio eólico

Los expertos consideran que desde 2007 las circunstancias se han modificado, de modo que el reparto aprobado por todos los consistorios en ese año se ha visto alterado desde el momento en el que el Ayuntamiento de San Bartolomé, de forma unilateral, ha exigido al Consorcio el pago de impuestos y tasas urbanísticos, por instalar parques eólicos en su suelo. Los expertos recuerdan que esa decisión de cobro de impuestos urbanísticos, que únicamente se aplica por San Bartolomé y ningún otro ayuntamiento de la isla, «quiebra el equilibrio en el reparto de los beneficios y, por lo tanto, exige una nueva redistribución de estos».

Hace once años, los siete ayuntamientos lanzaroteños acordaron que el reparto de entradas económicas derivadas de los parques eólicos sería del 9% de los ingresos obtenidos por la venta de energía, más la compensación de 12.000 euros por megavatio instalado en suelo de los municipios. Sin embargo, dicho acuerdo, en ningún momento hacía referencia al cobro de impuestos o licencias urbanísticas al Consorcio de Aguas, como promotor de dichos parques, a través de la empresa Inalsa, sociedad participada por todos los ayuntamientos y el Cabildo.

El mencionado acuerdo también incluía que «los ayuntamientos que disponen de terrenos aptos para la instalación de parques eólicos cederán a Inalsa la plena y exclusiva disponibilidad de los terrenos municipales», con el añadido particular de que « que dicha cesión incluye todos los derechos y facultades».

«Ante esta situación sobrevenida que descompensa el acuerdo inicial adoptado por todos los ayuntamientos», dijo este martes Jorge Morales, uno de los expertos que asesoran sobre el nuevo modelo energético, esta comisión propone que se lleve a votación un nuevo acuerdo consistente en mantener el pacto de 2007, en el sentido de reembolsar a los ayuntamientos el 9% de los ingresos por venta de energía eólica, más 12.000 euros anuales por megavatio instalado, y descontar los cánones y licencias urbanísticas al ayuntamiento que las pretenda aplicar, es decir, descontar a San Bartolomé, los 1,17 millones de euros que se demandan por los impuestos urbanísticos.

San Bartolomé recibe 251.000 euros anuales, sin aportar un solo euro, en total más de 5 millones de euros por la vida útil de los parques. El nuevo reparto propondrá detraer esos 1,17 millones que ahora exige.