El cierre del acceso desde la GC-1 a La Pardilla, un quebradero de cabeza
El alcalde anunció en el Pleno que la próxima reunión política será el 12 de septiembre y que allí solicitarán que la obra del cuarto carril se inicie dirección sur
El Ayuntamiento de Telde celebró este viernes su Pleno del mes de julio, con la aprobación una vez más de una larga lista de modificaciones de créditos y de reconocimientos extrajudiciales. En el mismo se debatieron tres mociones, una propuesta de Vox sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en lugares públicos y dos de Nueva Canarias: una sobre los asesinatos fascistas en Telde durante la guerra civil española, en particular el de José Santana Florido, y otra contra la exclusión social de personas con discapacidad auditiva que son usuarias de implantes cocleares; aunque lo más destacado llegó en el capítulo de ruegos y preguntas cuando Rita Esmeralda Cabrera, concejala de Vox, quiso saber cómo estaba la situación del cierre del acceso desde la GC-1 al barrio de La Pardilla, que tiene a los vecinos y comerciantes desesperados.
El alcalde Juan Antonio Peña manifestó que «Telde siempre ha acudido a las mesas técnicas con propuestas» y adelantó que iba a aportar otras alternativas en la reunión del mes de julio, adelantando que «la mesa técnica-política del mes de julio se ha pasado al 12 de septiembre». Esto ha indignado al barrio de La Pardilla, porque los vecinos ven que el tiempo pasa y el cierre del acceso «sigue condenando al barrio, con negocios que empiezan a agonizar».
Pero Iván Sánchez, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, fue más allá en el Pleno. «Desde un primer momento hemos defendido la vía en las distintas reuniones con Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias, ya que es una vía secundaria que alivia mucho el tráfico en el municipio. En un primer momento nosotros no teníamos conocimiento del proyecto. Eso se lo planteamos al Cabildo y su presidente de inmediato nos lo trasladó. Lo que queríamos plantear en la reunión de julio, que ahora se ha pasado a septiembre, es que la obra del cuarto carril que el Gobierno de Canarias va a ejecutar se inicie en sentido sur para intentar abrir cuanto antes el acceso a La Pardilla. Esa obra, que tendrá una duración estimada de un año, imagino que ya habrá pasado el trámite administrativo y que está pendiente de licitación, pero los vecinos de La Pardilla necesitan una respuesta. Tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias han manifestado que esta medida es provisional. Realmente los verdaderos problemas de tráfico se verán nuevamente con el inicio del periodo escolar. Nosotros hemos aportado una serie de medidas alternativas que nos han sido desestimadas, a excepción de la rehabilitación de la antigua vía cercana a la rotonda de Makro para permitir un nuevo acceso por la calle Duque de Rivas, que se tiene que añadir a un anexo» destacó.
Está previsto que cuando se terminen las obras que tiene previsto el Ejecutivo regional, y ya exista el cuarto carril, se revoquen las actuaciones que ha ejecutado el Cabildo con pintura y señales, y los accesos a la GC-1 desde los distintos barrios y zonas comerciales de Telde vuelvan a estar como en la actualidad, de ahí la provisionalidad de estas medidas que se han puesto ya en marcha. Igualmente, en el medio plazo también se trata de dar agilidad a la licitación de obras como la ampliación de la plataforma de la GC-1, añadiendo el cuarto carril de forma definitiva entre Bocabarranco y La Mareta y la reordenación de accesos a la zona comercial de La Mareta. Pero los vecinos de La Pardilla están inquietos porque todas estas soluciones se pueden alargar en el tiempo, mientras sus negocios van a la deriva.
¿Y la pasarela de La Pardilla?
En la obra del cuarto carril hay un dato muy curioso. El Cabildo ha procedido estos meses a la reparación de los cuatro pasos elevados para peatones que cruzan la GC-1 a su paso por Telde, con un presupuesto de 1,51 millones de euros. Y entre ellas la pasarela de La Pardilla. Desde Cabildo y Gobierno de Canarias no se han pronunciado, pero todo apunta que con la obra del cuarto carril, esta pasarela, recién reparada, tendrá que ser demolida.
En otro orden de cosas, vecinos del bloque 9 de Jinámar se manifestaron este viernes desde primera hora en la plaza de San Juan, frente a las Casas Consistoriales, para exigir al Ayuntamiento el informe sobre el estado del edificio en el que residen en la calle Manuel Alemán Álamo. Al grito de «Queremos el informe por seguridad», los vecinos aguantaron estoicamente hasta la finalización del Pleno con continuos reproches hacia el alcalde y su grupo de gobierno, todo con la intención de obtener el informe que tienen que remitir al Gobierno de Canarias.
Hay que recordar que la Comunidad de Propietarios del bloque 9 de la calle Manuel Alemán, en el Valle de Jinámar, ha alzado la voz desde hace semanas tras un informe que le han solicitado a un arquitecto en el que se indica que los pilares de la planta baja sufren un enorme deterioro. El edificio de referencia es una construcción de once plantas de altura, de promoción pública como Viviendas de Protección Oficial (VPO), realizada por el entonces Ministerio de la Vivienda.
Al término del Pleno del mes de julio del Ayuntamiento de Telde, el alcalde Juan Antonio Peña se dirigió a ellos para explicarles que Urbanismo solo tiene un técnico y que la elaboración del informe requiere de tiempo, ya que además el trabajador municipal se encarga de múltiples asuntos, como Servicios Sociales, Obras Públicas, etc.
El alcalde se comprometió a avisar a los vecinos cuando estuviese realizado el informe, tras un diálogo que tuvo sus más y sus menos, pero que acabó en la máxima comprensión. Los vecinos del bloque 9 de Jinámar pusieron en valor la predisposición del máximo regidor del municipio «por dar la cara, algo que no suelen hacer muchos», reseñaron. Horas después ese aviso llegó. El informe municipal fue elaborado y registrado en la jornada de este viernes siendo remitido de forma urgente al Instituto Canario de la Vivienda, administración competente en materia de rehabilitación de vivienda pública.
El informe técnico emitido este viernes confirma la existencia de patologías en los pilares de los locales situados en planta baja, como fisuras longitudinales, carbonatación del hormigón y oxidación de las armaduras, lo que reduce la capacidad portante y puede comprometer la estabilidad estructural del inmueble. Además, se han detectado deficiencias en instalaciones de fontanería, saneamiento y forjados, lo que obliga a intervenir mediante medidas correctivas inmediatas.
El documento elaborado por el técnico municipal plantea la necesidad de iniciar un procedimiento de orden de ejecución para que la comunidad de propietarios aporte un proyecto técnico que contemple las medidas de protección estructural pertinentes. La estimación inicial del coste de este estudio se sitúa en torno a los 8.500 euros, según refleja el informe. Asimismo, ya ha sido remitido oficialmente al Gobierno de Canarias para su evaluación y respuesta, cumpliendo así con el trámite acordado.
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