Ramírez reclama 6 millones de euros al Cabildo por su «injusta» condena penal
El empresario demanda en los tribunales los daños por la resolución contraria, que después anuló la Justicia, a sus obras en La Milagrosa
El empresario Miguel Ángel Ramírez ha recurrido en los tribunales el decreto del Cabildo que desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que sufrió al ser «condenado injustamente» por un delito contra la ordenación del territorio por «considerarse no autorizables unas obras que finalmente han resultado plenamente legalizables» en su finca de La Milagrosa. Reclama casi seis millones de euros a las arcas insulares. Son 5.952.368,46 euros más intereses.
Para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas existe «una clara relación de causalidad entre el acto denegatorio anulado», es decir, la calificación territorial para obras en suelo rústico que el Cabildo le denegó en dos ocasiones, en 2006 y en 2014, y los daños y perjuicios causados por las sentencias penales que le condenaron a tres años y un día de prisión, el pago de una multa de 43.200 euros y a demoler las obras que fueron consideradas ilegales.
La demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que, acatando una sentencia firme de 2019, el Cabildo tuvo que anular en julio de 2020 la resolución que seis años antes había denegado a Ramírez, por segunda vez, la calificación territorial que solicitó para legalizar varios elementos de las obras ejecutadas en La Milagrosa. Fue entonces cuando se la otorgó.
La demanda resalta que la sentencia de 2019 que anuló la segunda denegación de la calificación territorial tiene «cierto tinte sospechoso de voluntarismo en no alterar la conclusión a la que llegó en la resolución que en su momento fue revocada» por la Justicia. «Llega a idénticas conclusiones aplicando normativas distintas», subraya.
«Es evidente que, de no haberse denegado las calificaciones territoriales declaradas nulas» posteriormente por los tribunales, «ni haberse informado al Juzgado de Instrucción ni testificado por funcionarios del Cabildo en el juicio oral ante el Juzgado de lo Penal en el sentido desfavorable en que lo hicieron, no cabría reproche penal alguno» a Miguel Ángel Ramírez, expone la demanda del empresario.
Como en la reclamación por responsabilidad patrimonial desestimada por el Cabildo «por el anormal funcionamiento del servicio público de calificaciones territoriales», pide cinco millones de euros por vulneración del honor y la propia imagen y daños morales a su persona.
El recurso expone que sufrió «una gran inquietud e incertidumbre que le impedían desarrollar su vida cotidiana» y que «se generó un quebranto en su equilibrio emocional, provocado por sentimientos de zozobra debido a la repercusión que todo ello conllevaba».
Siendo un personaje conocido, por ser presidente de un club de fútbol nacional y por su amplia trayectoria empresarial, «no sólo se le causó una aflicción moral, sino que se desacreditó su situación profesional, que incidía negativamente en su honorabilidad y credibilidad como empresario por imputársele una conducta delictiva».
La demanda se acompaña de un dossier de prensa y de otro de programas de radio que darían fe del alcance mediático de la condena penal y de su repercusión en la reputación de Ramírez, así como de una carta dirigida por el sindicato USO a varios presidentes de clubes de fútbol nacionales que utilizan las sentencias penales.
160.000 de pérdidas en aguacates
El presidente de Gestiones y Asesoramientos 3000 SA (Ralons hasta 2007) reclama también el coste de las obras de derribo y reconstrucción que tuvo que acometer, el pago de la multa que abonó y añade ahora casi 160.000 euros por la merma de un 80% que ha tenido la explotación de aguacates de la finca.
