Puertos Canarios niega la prórroga a la cementera para el muelle de Santa Águeda

Tras la sesión, el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, anunció este martes la intención del Ejecutivo de tener resuelto este expediente antes de verano. En cuanto llegue la respuesta de la cementera tras este trámite de audiencia, se elevará una propuesta de acuerdo al consejo de administración, que es el que adoptará la decisión definitiva. Dado este informe, y salvo sorpresas, Puertos Canarios denegará la prórroga a Ceisa.

El dictamen en el que se apoya Puertos Canarios, emitido por el director gerente del ente, es desfavorable, porque no aprecia vinculación entre la concesión para el uso industrial del puerto que ahora pide Ceisa y la que ya le otorgó en 2016 el Gobierno canario a esta empresa para una explotación minera de puzolana, situada cerca del dique y de la que se nutre la cementera, que es el argumento central en el que se basa Ceisa para solicitar la prórroga.

El informe recurre a dos argumentos para demostrar la inexistencia de esa vinculación: que las dos concesiones se otorgaron en momentos distintos, de hecho, la del puerto precedió a la minera; y que en ninguno de los dos títulos se hace mención alguna al otro.

Rodríguez enmarcó este paso de este martes en un intento del Gobierno canario de «cerrar un expediente que lleva abierto más de dos años» y subrayó que una vez se adopte un acuerdo definitivo, Puertos actuará desde el diálogo y buscando una solución pactada con Ceisa, que, según precisó, está «en precario» en Santa Águeda desde octubre de 2022.

Dijo que en el caso de que la empresa tenga que dejar el muelle (la cementera podrá seguir porque está sobre un suelo de su propiedad), anunció que se le facilitaría el desmantelamiento de sus instalaciones, pero también reconoció que Puertos Canarios no tiene un muelle dónde acogerlas. Este uso industrial en El Pajar es «una excepcionalidad en Puertos Canarios», apostilló. Y recordó que no es el Gobierno, sino el planeamiento insular de Gran Canaria el que le da un uso turístico a ese muelle.

La primera reacción en Ceisa fue de «indignación». El coordinador general del grupo, Claudio Piernavieja, se preguntaba este martes de dónde ha salido este informe cuando, según acuerdo del consejo de Puertos de octubre de 2023, el ente suspendió la tramitación del otorgamiento de un nuevo título concesional a la empresa alegando que el expediente estaba y está judicializado, pendiente de dos recursos. Según Piernavieja, uno de ellos sigue sin resolverse, luego, a su juicio, no ha cambiado nada que motive levantar esa suspensión, pero es que tampoco ha tenido conocimiento hasta ahora de que se haya levantado esa suspensión.

El directivo de Ceisa recuerda que el expediente está terminado y que tiene numerosos informes que avalan justo lo contrario que este nuevo dictamen. «¿Los otros informes no valen y este sí? Esto no es el peritaje de un coche, no podemos estar en manos del político de turno para decidir el futuro de decenas de trabajadores, de 600 familias y de una industria estratégica para Canarias», sostiene Piernavieja. «No es serio que ahora salgan con que han pedido un informe en la sombra en un expediente que está suspendido y sin motivación que justifique el levantamiento de la suspensión».

Sobre el motivo de fondo, Ceisa insiste en que la legislación les da la razón y le reconoce un derecho no discrecional al otorgamiento directo de la concesión en cumplimiento del artículo 66.3 de la Ley de Costas, que dice que en el caso de una concesión portuaria amparada en una minera, el titular tiene derecho a que el plazo de la portuaria se iguale con el de la minera. Como tiene concesión para la cantera de puzolana hasta 2046, la del puerto ha de prolongarse hasta esa fecha.

Piernavieja no sale de su asombro, porque, según recuerda, esa vinculación entre ambas concesiones que ahora niega Puertos Canarios ya ha sido reconocida por el propio ente en sus informes. «Esto no es serio», repetía este alto cargo de Ceisa, que anuncia que ha encargado a sus servicios jurídicos que no solo estudien lo sucedido para un pleito por la vía contenciosa, sino que abran la posibilidad también a otras vías judiciales (no aludió a ninguna, pero todo apunta a que se refería a la jurisdicción penal).

También en el consejo de este martes se acordó iniciar los trámites administrativos necesarios para regularizar las concesiones para la gestión de los puertos deportivos de Puerto Calero, en la isla de Lanzarote, y de Pasito Blanco y Puerto Rico, en Gran Canaria. El nuevo director gerente del ente, José Gilberto Moreno, informó de que estas dos últimas concesiones están vencidas desde hace dos años y que pueden prorrogarse por 30 años. La de Pasito Blanco ha sido solicitada por Lopesan y la de Puerto Rico, por Puerto Rico SA.

El consejero, Pablo Rodríguez, que presidió el consejo, enmarcó estos trámites en la apuesta del ente por dar estabilidad a la gestión de las marinas y puertos canarios, y anunció que con la regularización de todas las concesiones se abrirá la puerta a una inversión de 40 millones en Canarias.