Reunión el 8 entre el Gobierno y los letrados de Justicia
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El parón prosigue y con él, los cientos de aplazamientos de vistas y diligencias que paralizan la justicia en España
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El parón prosigue y con él, los cientos de aplazamientos de vistas y diligencias que paralizan la justicia en EspañaEl Ministerio de Justicia ha convocado una reunión con los secretarios de Gobierno, los superiores de los letrados de la administración de Justicia, para abordar la huelga indefinida que iniciaron estos últimos la semana pasada y que ha supuesto ya la paralización de más de 70.000 juicios, según los propios letrados.
El encuentro está previsto para el próximo miércoles 8 de febrero, a petición del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, según el ministerio.
Con ella, se pretende «abordar la situación» de los letrados, de los que Olmedo ha destacado su «seriedad, rigurosidad y lealtad con el ministerio». Pero los funcionarios desconfían de este movimiento.
«Si quisieran poner fin a la huelga convocarían al comité de huelga», dijo uno de sus miembros, Juan José Yáñez.
Hay que recordar que los letrados de la administración de Justicia están en huelga indefinida desde el 24 de enero para reclamar mejoras salariales y laborales, y su paro ha provocado ya la paralización de decenas de miles de resoluciones, vistas, declaraciones y comparecencias en juzgados de toda España.
Llamados hasta 2015 secretarios judiciales, son un total de 4.300 licenciados o graduados en Derecho, funcionarios del subgrupo A1 de la administración pública, con un sueldo que va de los 39.000 a los más de 60.000 euros brutos al año, sin contar los complementos variables, según el Ministerio de Justicia, según la periodista Mercedes Ortuño Lizarán.
Las asociaciones convocantes del paro son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).
Desde 2010 y tras sucesivas reformas legales, los letrados han ido asumiendo nuevas funciones, como admitir a trámite las demandas y ejecutar separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y otros actos de conciliación.
Estas y otras tareas se suman a las que ya les correspondían previamente: dirigir la oficina judicial, acordar las resoluciones en los procedimientos que no corresponden a los jueces, dar fe de las actuaciones judiciales, ejercer como secretarios de las juntas electorales, informar a las víctimas de delitos y hacer la estadística judicial, entre otras.
Sus principales reivindicaciones son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que los letrados nunca cobren menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
También exigen obtener un ámbito de negociación colectiva propio. «El ministerio negocia nuestras condiciones laborales con los sindicatos de funcionarios, donde los letrados somos claramente minoritarios, sin que dichos sindicatos hayan defendido nunca nuestros problemas», argumenta a EFE Juan José Yáñez, miembro del comité de huelga.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que ha tachado la huelga de «política» y ha acusado a los convocantes de «endiosamiento», sostiene que solo queda por cumplir una de las once reivindicaciones planteadas por las asociaciones -la revisión del complemento de productividad- y considera «fuera de lugar» sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años.
No obstante, Justicia ha convocado una reunión el próximo miércoles con los secretarios de Gobierno, los superiores de los letrados de la administración de Justicia, de los que el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha destacado su «seriedad, rigurosidad y lealtad con el ministerio».
Los datos aportados por los convocantes y por el ministerio son muy dispares: los huelguistas calculan el porcentaje de seguimiento sobre un total en el que no aparecen quienes disfrutan de vacaciones o permisos, en tanto que Justicia incluye a toda la plantilla. Pese al baile de cifras, ambas partes coinciden en que el seguimiento de la huelga es mayor ahora que cuando empezó.
Los letrados hablan del 81 % de apoyo durante la primera jornada y del 85 % ayer viernes, y el ministerio informa del 28,23 % frente al 30,61 % del último día.
Los letrados intervienen en todos los pasos de los procedimientos judiciales: no se puede admitir ningún escrito ni señalar o celebrar ningún juicio o comparecencia si el funcionario está de huelga y no se trata de actuaciones esenciales.
Así, desde que comenzara el paro indefinido de los funcionarios el martes de la semana pasada, se han dejado de dictar «un millón de resoluciones»; se han suspendido más de 70.000 vistas y «decenas de miles de declaraciones y comparecencias de todo tipo», y hay unos «250 millones de euros (de la administración) bloqueados», según los datos de los letrados.
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