Los parques de bomberos de la capital se quedan bajo mínimos

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento lleva ya doce años sin incorporación de bomberos y tiene una plantilla cada vez más envejecida -la edad media se sitúa en torno a los cincuenta años- y con un número creciente de bajas por jubilación. Por eso, las carencias de personal se han venido cubriendo con las horas extras que han ido haciendo los agentes a título individual.

Sin embargo, el impago de estos trabajos extraordinarios, desde febrero de 2021, ha generado un malestar creciente que ha estallado este fin de semana, después de comprobarse el viernes pasado que el ingreso de las nóminas no venía acompañado del pago de las extras.

Esto ha hecho que desde el pasado fin de semana, los bomberos hayan empezado a plantarse y se estén negando a cubrir los huecos que hay en el servicio.

En virtud de un acuerdo firmado en noviembre de 2017, el número de bomberos mínimos que puede haber en los distintos parques de bomberos es el siguiente: ocho agentes y dos cabos en el Central; cinco agentes y un cabo en el del Puerto; y cuatro agentes y un cabo en el de Vegueta.

Pero la negativa de los agentes hizo que este lunes dos de los tres parques de bomberos quedaran por debajo de los parámetros mínimos fijados hace cinco años. Así, el cuartel de Miller Bajo tenía solo seis agentes (dos menos de lo que se considera la dotación mínima imprescindible) y el del Puerto, cuatro bomberos (uno menos de lo recomendado). En cambio, el de Vegueta sí pudo garantizar el número suficiente y se pudo contar con los cuatro agentes y el cabo.

La negativa a seguir realizando horas extras ha comenzado como una decisión individual de algunos agentes pero amenaza con extenderse a todo el gremio si se decide generalizar esta medida de presión en la asamblea que tendrá lugar este jueves en el parque central.

«Se votará no hacer horas extras por el retraso injustificado de la Corporación capitalina en su abono», advirtió el portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, «esto significará que no se reforzarán los eventos de San Juan, el carnaval de julio o los fuegos de San Lorenzo», que se celebran en el mes de agosto.

En 2018 ya se produjo una situación similar en el caso de San Lorenzo y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a cinco personas formadas, con equipos de protección individual, y una cuba de agua de 1.100 litros, que aportó la empresa Falck, que fue contratada para completar el dispositivo de seguridad ante la negativa de los agentes a cubrir vacantes. En aquella ocasión, la protesta también se produjo por el impago de las horas extras.

La contratación de este dispositivo de seguridad privada tuvo un coste de unos 2.000 euros.

«Con el personal que hay, puede que tengan que cerrar algún parque de bomberos cuando el personal empiece a cogerse las vacaciones», prosiguió García, «los nuevos agentes -los 31 que tomaron posesión del cargo en el mes de marzo- no estarán operativos hasta final de año».

Desde el Ayuntamiento se confía en que estos agentes se puedan incorporar a partir de septiembre, ya que el periodo final de formación de 650 horas concluirá en el mes de agosto. En todo caso, la activación de estos bomberos dependerá de la agilidad que muestre la administración en su integración en la plantilla.

En relación a las carencias que se están detectando en los diversos parques de bomberos, desde la jefatura se ha tomado la decisión de suspender los permisos, de modo que se pueda garantizar una presencia que permita atender las emergencias que se produzcan en la ciudad.

Lo hace en base a un acuerdo que determina que si la prohibición de cogerse el día libre se hace con dos días de antelación, el agente no se podrá negar.

«Es la potestad más antisocial que tiene la jefatura y la que más enfado provoca entre los agentes», expuso Daniel Ojeda, representante de USPB en el cuerpo de Bomberos. «Pueden alegar que se hace por condiciones de seguridad», añadió.

Por su lado, Víctor Monzón, de CC OO, entiende que la suspensión de los días de libranza «va en contra de los acuerdos de 2017 y lo denunciaremos». En su opinión, el hecho de que los agentes estén afrontando una prolongación constante de la jornada laboral puede acabar afectando a la seguridad de los agentes.

Cree que la incorporación de los nuevos bomberos no se debería limitar a los 31 agentes que se sumarán al cuerpo tras el verano, sino que habría que contar con la bolsa de interinos que está compuesta por 30 más.

Lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe a los profesionales del servicio de extinción de incendios suma 1,4 millones de euros.

Los agentes también se quejan del mal estado del material que tienen que emplear en su trabajo diario. «Los vehículos se encuentran en una situación lamentable y los equipos de protección tienen más de diez años pese a que sufren un desgaste muy fuerte», dijo Monzón.

También Ojeda alerta de todas las carencias. «No podemos comprar ni tachas de acero porque tenemos diez contratos de suministros parados», denunció. Entre ellos, citó el de mantenimiento y recarga de extintores, el suministro de artículos de ferretería o la revisión de los equipos respiratorios.

Desde jefatura se explicó que el concurso de trajes de intervención está en licitación; el de los vehículos se está agilizando; el de mascarillas está adjudicado; y el resto se quiere solucionar a lo largo de este año.

Por su parte, los policías también han sido convocados a una asamblea para ver si tampoco hacen horas extras. «No se reforzaría el servicio hasta que esto se solucione de una vez por todas», anunció Víctor García, «pedimos que el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se tome esto en serio y nos convoque a una reunión donde le propondremos soluciones, si es que quiere hacerlo porque hasta ahora no parece que le haya preocupado».

La deuda de la ciudad con los agentes de la Policía Local por las horas extras alcanza los 689.000 euros desde febrero de 2021.