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Se necesitaba la presencia de un sargento, tres cabos y catorce agentes libres de servicio para el dispositivo de seguridad de los fuegos de San Lorenzo. Sin embargo, ningún bombero se presentó de manera voluntaria para protestar por las carencias de personal y el impago ... de las horas extra que despliegan como consecuencia de la falta de personal. Así las cosas, el Ayuntamiento trasladó a siete bomberos -junto al jefe José Antonio Nóbrega- desde el cuartel de Miller y consiguió el apoyo de dos unidades de medio ambiente del Cabildo, más los voluntarios de Protección Civil. Pero ni aún así cubrían los 33 agentes que debían conformar el plan de seguridad. Faltaban cinco. Y por eso, el Ayuntamiento decidió contratar una empresa privada para cubrir esas vacantes.
Es la primera vez que el Consistorio recurre a un servicio externo privado para suplantar a los bomberos. «Decidimos contratar el servicio a una empresa que puede hacerlo», explicó la concejala de Seguridad, Encarna Galván, quien defiende la legalidad de la medida, «no se había hecho nunca, pero teníamos poco tiempo de reacción porque no quería recurrir a obligar a los agentes a prestar el servicio por decreto». En su opinión, «no tiene lógica obligarlos a trabajar».
Aunque de momento se desconoce el importe de la factura porque no ha sido remitida al Ayuntamiento, Galván informó de que «no es un servicio caro». Y detalló que la contratación «no llega a 2.000 euros».
La decisión de recurrir a personal externo tensa aún más las relaciones que en estos momentos tienen los bomberos con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El representante de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Daniel Ojeda, mostró sus dudas respecto de la legalidad de la medida adoptada por el grupo de gobierno. «No sabemos si se puede suplantar la autoridad de un funcionario público, pero en cualquier caso nos parece una falta de respeto y una muestra de la ausencia total de empatía que tiene este grupo de gobierno hacia nosotros», denunció, «nos sorprende hasta dónde han tenido que llegar y las artimañas que están desplegando para seguir adelante con su intención».
Su compañero en la Policía Local, Víctor García, comparte su preocupación por este hecho. «Desde USPB entendemos que se están pasando las líneas rojas que el PSOE, representado por el alcalde, Augusto Hidalgo, se había comprometido a no realizar como defensor de los servicios públicos», señaló.
Desde USPB se informa que la empresa contratada es Falck SCI, un grupo radicado en Valencia que «presta servicios contra incendios, sanitarios y de asistencia a través de distintas empresas», según consta en su página web.
Desde el Ayuntamiento se asegura que en ocasiones se contrata a esta empresa para realizar servicios en el Puerto, en especial aquellos relacionados con las plataformas y labores de formación contraincendios a empresas portuarias.
Sin embargo, García entiende que se está contratando «a personal privado que no tiene ni la preparación ni los medios adecuados para afrontar una emergencia en un entorno como el de San Lorenzo, con zonas urbanas y arboladas». «Y todo para salirse con la suya y seguir con su política irresponsable con la seguridad», añadió.
El malestar que existe en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento amenaza con extenderse a la Policía Local, cuyos agentes también están pendientes del cobro de las horas extra, ya que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les debe -a los dos colectivos- los servicios realizados fuera de su horario desde febrero. Hay que recordar que en el último pleno, la Corporación dio luz verde al abono de 800.000 euros a los dos cuerpos de seguridad, con el compromiso de que se ingresarían en septiembre. Cuando se salde esta deuda, la cantidad total que el Consistorio habrá abonado a Policía y Bomberos por las horas extraordinarias habrá ascendido a dos millones de euros este año. Y todavía quedaría por pagar todos los servicios desde julio en adelante.
«La Policía Local va por el mismo camino de volver a las concentraciones, ya que de cincuenta agentes que se pedían de refuerzo se presentaron solo veinte», indicó el representante de la Unión Sindical de Policías y Bomberos, Víctor García.
El sindicato anunció que en los próximos días se dirigirá a la concejala de Seguridad, Encarna Galván, «con el propósito de que se convoque una mesa de negociación y podamos entendernos, de forma que se corrijan los incumplimientos en materia de refuerzos y medios».
Pero también lanza una advertencia: «De continuar con las mentiras y los incumplimientos, no descartamos la convocatoria de una huelga en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento puesto que están haciendo todo lo contrario a lo que se comprometieron con los trabajadores».
Su compañero Daniel Ojeda pone el foco además en el hecho de que como no hubo voluntarios, la ciudad quedó desasistida durante la noche de San Lorenzo puesto que el parque de Miller Bajo quedó inutilizado al trasladar a sus efectivos al distrito de Tamaraceite.
Las quejas por la falta de medios y el tratamiento del grupo de gobierno no son solo denuncias de USPB, sino que esta semana también CC OO y UGT criticaron la gestión municipal del servicio de extinción de incendios.
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